El Ministerio Público aceptó ayer la denuncia de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) contra la procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes Esquivel, por realizar un aparente nombramiento ilegal.
Ayer en la Fiscalía General se oficializa una denuncia penal contra Brenes, en observancia de lo dispuesto por el artículo 344 del Código Penal, el cual establece que “será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo a persona en quien no concurrieren los requisitos legales”.
Según la ANEP, Brenes aceptó en la Asamblea Legislativa haber recomendado el nombramiento de Zulli Beatriz Sarmiento Chávez, ciudadana salvadoreña de nacimiento, con cédula de naturalización 8-077-365; nombramiento impulsado por la hoy desacreditada procuradora en contravención del inciso b) del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que exige que los procuradores sean costarricenses por nacimiento.
Albino Vargas, secretario general de ANEP, dijo que Brenes impulsando ese ilegal nombramiento habría inducido a error a la actual Ministra de Justicia y al propio Presidente de la República, quienes no sabían de la condición de salvadoreña de nacimiento de la recomendada de la procuradora.
“Más grave todavía es que la señora Brenes Esquivel hizo un 'invento' jurídico defendiendo tal nombramiento hasta lo que resolviera la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo cual la pone al margen del principio de legalidad y de probidad en la función pública”, acotó Vargas.
A criterio del sindicalista, sin credibilidad y sin legitimidad Brenes debería abandonar ese puesto, de la misma manera que su contertulio de cafetería también tuvo que dejar su alto cargo.
“Exigimos la renuncia de la señora procuradora del Estado que ha pasado a ser la 'procuradora del gran empresariado', el corporativo-empresarial de corte neoliberal. Exigimos al Consejo de Gobierno abrir los procesos tendientes para que se le quite su inmunidad y/o para que pueda rendir cuentas de su ilegal proceder”, comentó.
Uno de los motivos para que ANEP y los diferentes sindicatos estén en contra de la permanencia de Brenes en su cargo es recomendar a la Sala Constitucional declarar inconstitucional el veto del mandatario Luis Guillermo Solís a la Reforma Procesal Laboral, que duró más de 15 años en negociar y aprobarse en la Asamblea Legislativa.
