Un grupo de trabajadores de la empresa Pizza Hut anunció ayer que peleará en estrados judiciales y del Ministerio de Trabajo para que se sienten las responsabilidades civiles y penales por la quiebra de la Asociación Solidarista de Empleados de Pizza Hut (ASEP).
Los empleados, quienes por miedo solicitaron el anonimato, explicaron que este martes el dueño de la franquicia, de apellido Nils, altos personeros de la empresa y la junta directiva les dieron la peor noticia de su vida: perdieron todo lo que tenían ahorrado y el 6% de la cesantía que estaba depositado en esa organización.
Comentaron que todo se ha manejado con tanto secretismo que más bien alimentó las dudas que tenían sobre qué fue lo que pasó con los recursos de esa asociación, una de las antiguas del país.
Para ellos uno de los puntos más lamentables fue que al inicio de la asamblea les advirtieron que no podían grabar con sus celulares en audio o video lo que pasaría en ese lugar, que si alguien lo hacía y era descubierto se daba por concluida.
“No obstante, algunos se la jugaron y la grabaron, por lo que al menos tendremos esa prueba para presentarla en una posible demanda. Tenían un abogado ahí viendo y verificando todo para que no hiciéramos nada que les molestara”, dijo Juan Carlos, uno de los trabajadores.
Comentó que les dijeron que la ASEP había quebrado, por lo que debían aprobar su disolución para que comenzaran a venderse los bienes, cobrar, pagar deudas y luego si sobraba dinero se lo repartirían en partes iguales.
Uno de los grandes vacíos es qué pasó con la finca de recreo que tenía la Asociación Solidarista en Turrúcares de Alajuela y la casa que tenían en La Sabana, donde funcionaban sus oficinas.
“Se desconoce si es cierto que un administrador de apellido Fonseca desfalcó la Asociación, si se le demandó por estafa. Solo se sabe que ahora luego de poner la renuncia anda en vehículos lujosos y es pastor de una iglesia”, dijo Albino Vargas, secretario general de ANEP, quien acompañó a los empleados en su visita a DIARIO EXTRA. Vargas comentó que un grupo de abogados interpondría la denuncia ante la fiscalía para que se investigue qué pasó en esa asociación y se determine si hay delitos que perseguir.
“Se jugó con los ahorros y la cesantía de 1.000 trabajadores que ahora tienen miedo de perder sus empleos si reclaman sus derechos”, concluyó Vargas.
Marvin Pérez, vocero de Pizza Hut, declaró ayer: “Respetaremos las decisiones que ellos han tomado, decisiones que estamos confiados serán las que beneficien a la mayor parte de sus asociados”.
