El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) trabaja en un proyecto que le permita a Costa Rica ratificar el Convenio de Alimentos de La Haya, mediante el cual se obligaría a pagar una pensión alimenticia a un padre que se haya dado a la fuga o cuya paternidad ha sido confirmada una vez que abandonó el país.
En este momento solo se puede realizar este tipo de gestión con Estados Unidos mediante un convenio que existe hace varios años.
El Convenio de Alimentos lo que permitiría sería localizar, emplazar y cobrar los alimentos a padres “en fuga”, sin importar el país en que se encuentren.
A pesar de que la ley costarricense obliga a los padres que no viven con sus hijos a pagar pensión alimenticia para su manutención y en caso que deban salir del país depositar 13 cuotas (12 mensualidades y aguinaldo), la realidad es que con la póliza de fidelidad que le compran al Instituto Nacional de Seguros algunos logran evadir su responsabilidad económica y no regresan al país, creyendo que de esta manera esquivan el pago. Situación que efectivamente sucede, siempre que no residan en Estados Unidos.
PADRES MOLESTOS
El tema del cobro de una pensión alimenticia para la expareja y los hijos producto de la relación es uno de los más polémicos que se discuten en el momento de la separación, principalmente porque algunas de las partes argumenta que es desproporcionado y que no se ajusta a la realidad económica de quien tiene la obligación.
Por eso muchos afectados se han unido en busca de que el gobierno les dé una solución a sus problemas financieros, argumentando que el Estado es quien los ha puesto en indefensión.
Una de las organizaciones que luchan por este tema es la Asociación Nacional de Afectados del Síndrome de la Alienación Parental (Anasap), la cual reconoce la obligación de los padres de velar por el bienestar de sus hijos, pero no en perjuicio de sí mismos.
Por eso, además de una normativa para reducir la afectación económica de las personas que pagan una pensión, también quiere que se cree una ley que evite que las parejas puedan utilizar a los menores en contra del progenitor que no vive en la casa, limitando su derecho a las visitas o a relacionarse con ellos a cambio de que no rehaga su vida con otra pareja.
