La Cámara Nacional de Radio (Canara), que aglutina a 84 asociados dueños de emisoras de radio en el país, exige que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) proceda al cierre de las “radioemisoras piratas” porque están al margen de la ley.
Gustavo Piedra, presidente de Canara, comentó que la proliferación de radioemisoras ilegales afecta porque al operar sin tener un permiso lo que hacen es saturar el espectro radioeléctrico, el cual es un bien finito y demanial del Estado.
En este sentido Piedra aseguró que la entidad que representa está preocupada ante la situación, por lo que adoptará las acciones legales correspondientes para revertirla.
DIARIO EXTRA publicó ayer la nota “'Radioemisoras piratas usurpan el espectro”, en la que tras estimaciones de Canara en Costa Rica habría 137 emisoras ilegales, pero no se descarta que sean más, contra 104 que se encuentran legalmente establecidas.
Se detectaron “radios ilícitas” en lugares como San José, Osa, San Carlos, Cañas, Guápiles, Tilarán, Ciudada Neily, Pérez Zeledón, Hatillo, Upala, Pococí, Acosta y Aserrí, entre otros.
SUTEL CON LAS ARMAS
Piedra fue enfático al indicar que la Sutel cuenta con las armas legales para hacer frente y proceder al cierre inmediato de los operadores ilegales.
“Confío en el sistema institucional del país, por lo que confío que la Sutel con las herramientas legales que tenga proceda al cierre inmediato de los operadores ilícitos. En otro momento esta función le correspondía a Control de Radio, pero ahora por ley le corresponde a la Sutel hacer valer la ley.
Los operadores ilícitos son aquellos que operan sin tener una concesión o permiso. Lo que pretende Canara es que el espectro radioeléctrico funcione apegado a la ley”, recalcó.
Las “radios piratas” se ubican en las bandas denominadas frecuencias intermedias, las cuales se encuentran al principio y al final del dial como son 88.1 FM y 88.3 FM, así como 107.1 FM y 107.9 F.M., ocasionando interferencia o “batido” de frecuencias, y funcionan mayoritariamente en zonas rurales, aunque se han detectado casos en la Gran Área Metropolitana.
Son radioemisoras que migran con mucha facilidad de una frecuencia a otra y dependiendo de los equipos con que cuentan pueden abarcar un diámetro de hasta 1 kilómetro e incluso más, al punto de desplazar la radioemisora que legalmente tiene la concesión para el uso de la frecuencia.
Piedra manifestó que Canara paga un impuesto por el uso de frecuencias de radio, tal como lo exige la Ley de Radio de 1954 y ahora por el cambio en la normativa el desembolso se hace al Viceministerio de Telecomunicaciones.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Miércoles 05 Junio, 2013
HORA: 12:00 AM
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