La Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional y la misma Corte Plena podrían frenar la destitución del magistrado Óscar González, aprobada a altas horas de la noche de este lunes.
Así lo confirmaron ayer la magistrada Doris Arias y Roberto Montero, abogado defensor del magistrado, quienes coincidieron en que al ser la primera vez en la historia que la Corte Plena toma una decisión tan fuerte contra un magistrado, no hay mucha claridad del procedimiento.
El lunes tras 32 votaciones y 9 horas de discusión los 21 magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron solicitarle a la Asamblea Legislativa, que revocara el nombramiento de González tras considerar que se daba por demostrada la acusación de acoso sexual y laboral que le formula la jueza Priscila Quirós del Tribunal Contencioso Administrativo.
UNA DE DOS CAUSAS
El magistrado enfrenta dos causas, una en la sede penal que es el supuesto delito de violación que está siendo investigado por la Fiscalía General que más adelante deberá de hacerle frente, y esta que es del régimen disciplinario que resolvió la Corte Plena.
Arias, quien fue la vocera de la Corte para este asunto, explicó que la larga investigación los llevó a tener 10 audiencias de evacuación de prueba.
Además, ella junto con el magistrado Jesús Ramírez siguieron todo el debido proceso que los llevó hasta darles el patrocinio de un psicólogo y abogado tanto a la jueza víctima como al acusado.
También contaron con un representante de la Defensoría de los Habitantes.
Agregó que el informe fue presentado a la presidencia de la Corte el 7 de mayo, el cual se indica en términos generales que los hechos denunciados habían sido demostrados por lo que se estima que la falta en que incurrió el magistrado fue gravísima.
FALTA GRAVISIMA
Dicho informe fue analizado y discutido sin la presencia del acusado este lunes y en la primera parte de la sesión fue aprobado, 21 votos a favor y solo 1 en contra.
“La Corte acoge el informe donde se indica que los hechos fueron acreditados y que se trata de una falta gravísima por lo que de inmediato se pasó a la sanción. Para establecerla se necesitaron 36 rondas de votación”, agregó la magistrada.
Comentó que según la Ley Orgánica del Poder Judicial, para el régimen disciplinario se requiere mayoría calificada que son 15 votos.
Por esa razón fue complicado llegar a una decisión de si se le suspendía o se le solicitaba a la Asamblea Legislativa que se le revocara su mandato, lo que conlleva su destitución.
Sin embargo, aunque la mayoría estimaba que al ser tan grave la sanción debía de ser la destitución, fue difícil llegar a obtener los 15 votos necesarios.
5 SE OPUSIERON A LA DESTITUCIÓN
Por tal razón, aunque la votación fue secreta y las intervenciones fueron muchas, se necesitaron 36 rondas de votación para obtener las dos terceras partes necesarias.
De esta manera, 15 magistrados estuvieron a favor de la destitución y 5 en contra. Uno más solo votó la primera parte de la sesión donde se avaló el informe y se retiró para no estar en el momento de sanción.
Para la magistrada, como el sufragio en estos casos es secreto, no es posible determinar cuáles fueron las motivaciones para que se votara de una u otra manera.
Sobre el procedimiento y como lo tomarán los diputados, la magistrada explicó que el acuerdo no está en firme por cuanto debe de ser ratificado en la próxima sesión. Pero cualquiera de los 5 magistrados que no estuvieron de acuerdo con la decisión tomada podrían interponer un recurso de revocatoria o de reconsideraron a lo ya aprobado, con lo que podrían revisar y echar para atrás la decisión. De no suceder quedaría en firme, se le notificaría al magistrado por lo que el mismo también podría interponer ese mismo recurso para evitar que se le destituya.
Luego de resueltos estos obstáculos se le notificará a la Asamblea Legislativa lo sucedido. “La ley dice que lo que la Corte hace es una recomendación de destitución. Pero no sabemos cómo lo van a interpretar porque es la primera vez que se hace”, manifestó Arias.
Mientras tanto, Roberto Montero, abogado defensor de González, explicó que no descartan ninguna acción relacionada a la defensa material, pero como todavía no han sido notificados, no saben cuáles son los argumentos de los magistrados para tomar esa decisión.
Comentó que en el momento oportuno interpondrán el recurso de revocatoria y adicionalmente valoran recurrir ante la Sala Constitucional por medio de un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad.
Por su parte, González hizo circular un escueto comunicado de prensa donde indica que es inocente de todos los cargos por lo que recurría a todos los remedios procesales por cuanto la medida es injusta y desproporcionada.
PERIODISTA:
CRÉDITOS: Foto: Francisco Obando
EMAIL:
Miércoles 29 Mayo, 2013
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA