Tras los conflictos en zona indígena, especialmente en Salitre de Buenos Aires, Puntarenas, DIARIO EXTRA buscó la posición de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por ser un ente de ayuda internacional y destacado en la protección a esta población.
La Coordinadora Residente de la ONU en nuestro país, Yoriko Yasukawa, concedió una entrevista en la que dijo que no se iba a referir al líder indígena Sergio Rojas por tratarse de una investigación en curso, pero sí sobre otros temas de interés para esta población.
¿Qué le preocupa a la ONU de Salitre?
-Es que hay un conflicto sobre tierras que ha llegado varias veces a la violencia, entonces el primer llamado que hacemos es de rechazo a la violencia y que se resuelva de manera dialogada y pacífica. El otro llamado es que estaba en curso como producto de la mesa de diálogo entre el gobierno e indígenas del sur, un proceso consensuado de esclarecimiento de delimitación de territorio, porque hay ambigüedad de donde comienza y donde termina, que sí contribuye al esclarecimiento sobre la tenencia de tierras.
¿Cuál es la intervención de PNUD en esta mesa de diálogo, son mediadores, participan económicamente, ayudan al Gobierno?
-Iniciamos como facilitadores de la comunicación entre gobierno e indígenas del sur, y específicamente llevando desde el gobierno a los dirigentes indígenas una propuesta de abrir una mesa de diálogo, porque en ese momento había mucha desconfianza entre las dos partes y particularmente de los dirigentes indígenas hacia el gobierno. Luego las dos partes nos pidieron que en conjunto con la Defensoría de los Habitantes, fuéramos observadores y garantes de los procesos de diálogo.
¿Por qué no tomaron en cuenta a la parte no indígena?
- Porque en ese momento surgió así, desde el Gobierno se hizo la propuesta de diálogo entre estos y la parte indígena y para resolver aquellos temas que el Gobierno estaba en potestad de resolver del lado indígena.
¿Pero ustedes tenían conocimiento de esta otra estructura, el lado no indígena?
-Sí, por supuesto, el gobierno seguía teniendo comunicación con el lado no indígena, nosotros no estábamos involucrados en esa parte, sino en la mesa de diálogo entre el gobierno y los indígenas.
¿Cuál fue entonces la propuesta que presentaron, si no tenían a una de las partes para solucionar el conflicto?
-La propuesta no es nuestra, si no del Gobierno y los indígenas. Primero era aclarar la delimitación del territorio de Salitre de acuerdo con los decretos emitidos; proceder con el amojonamiento en puntos críticos donde había ambigüedad de los límites y realizar un estudio catastral en el Registro Nacional de la Propiedad, hacer una presentación pública a la comunidad indígena y no indígena, para que presenten los reclamos. Luego elaborar un estudio situacional de las propiedades no registradas, esclarecer qué propiedades existen, quiénes son indígenas, quiénes no y sentar las bases para la recuperación de tierras.
¿Que pasó entonces?
-En Salitre se hizo el estudio catastral, se hizo la presentación pública y hubo cuestionamientos y reclamos de ambas partes, como propiedades que quedaban dentro y la otra mitad fuera del territorio indígena. En estos casos don Fernando Marín exministro de Planificación, fue al sitio para identificar soluciones como que no hubiese otra propiedad de por medio para anexar la finca.
¿Avalaron ustedes esa iniciativa?
- Nosotros no estamos en posición de avalar o no, lo que nos tocaba como observadores, es que se cumpliera con los compromisos de la mesa. Luego era continuar con el estudio situacional, honestamente no sabemos dónde quedó ese proceso en este momento.
¿En qué fecha ocurrió eso?
-Fue en el 2013 y la idea era comenzar en Salitre y terminar los 7 territorios del sur durante ese año, pero como la mesa bajo el gobierno anterior no duró hasta abril de este año y hubo reunión de traspaso, los ministros nuevos quedaron en darle continuidad al proceso.
¿Qué temas acordaron abordar?
-Territorio y su protección, desarrollo social y económico así como la participación indígena en los procesos de planificación nacional de desarrollo, la gobernanza de los territorios por la figura de las ADI como gobiernos locales en territorios indígenas. Muchas comunidades no están de acuerdo con esa figura, porque no es la costumbre y tradición indígena. La ley de autonomía que ha quedado colgando en la Asamblea, entendiendo que los indígenas del sur no pueden escoger solos y abrir espacios con otros territorios y el derecho a la consulta para dialogar en general.
¿Por qué no se terminó el proceso?
- Fue más lento de lo que se anticipó, el proceso fue más tardado y sí se terminó hasta la presentación pública del estado catastral, incluso el gobierno asignó un presupuesto.
¿Qué identificaron para que no terminara el proceso?
- Sencillamente se tardó más de lo esperado, no es por falta de voluntad de ninguna de las partes.
¿Qué argumentaron los no indígenas?
-En este caso no se qué tipo de reclamos hubo. Nosotros no estuvimos involucrados entre el gobierno y los no indígenas.
¿Propusieron algún diálogo para conocer la posición no indígena?
-Nosotros estuvimos en esa mesa por solicitud de las dos partes (gobierno e indígenas), no por los no indígenas y mejor no especulamos, porque no estuvimos ahí. La razón por la que nosotros y la Defensoría fuimos solicitados, era para ser garantes y evitar la desconfianza de los indígenas sobre el Gobierno, es mas, las moderaciones la hizo alguien de PNUD, porque el lado indígena pidió que preferiblemente fuera externo y no costarricense.
¿Entendían ustedes que la parte no indígena iba a reclamar, entonces porque no lo vieron?
- Creo importante aclarar que la mesa era del gobierno e indígenas y los temas no eran solo tierras, sino también de derechos indígenas y no entraban los no indígenas. En cuanto a tierras el gobierno asumió llevar a cabo los procesos y la conversación con los no indígenas, al no ser solicitados, no ingresamos.
¿Cuál es la visión actual de este conflicto donde el diálogo está roto y hay una campaña de presión al Gobierno?
-Lo que sabemos es que la viceministra de la presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, hizo varias visitas y ha hecho un esfuerzo para resolver este conflicto, sobre lo que ha sucedido recientemente no tenemos información, entonces creo no sería apropiado comentar al respecto.
¿Intercederían si las partes les piden mediación?
- Tendremos que pensarlo, no creo prudente especular en situaciones hipotéticas, estamos con el deseo de apoyar, pero es importante en situaciones tan delicadas definir cómo es que podemos ayudar.
¿Pero ustedes han apoyado la lucha indígena, tienen 114 proyectos con ellos?
-Hemos tenido ayudas por los proyectos de pequeñas donaciones desde el 1992, es probable que sí. En conflictos de este tipo nos involucramos excepcionalmente, porque dejamos que instituciones nacionales en gestión de conflictos resuelvan, en el caso de esta mesa nos involucramos porque formó parte del relator especial de las Naciones Unidas en el conflicto indígena que vino por invitación a Costa Rica y una recomendación era apoyar el proceso de diálogo de buena fe para llegar a una consulta.
¿Eso no lo convierte en un caso excepcional?
-Sí, es un caso especial.
¿Entonces por qué pensar en ayudar y no hacerlo?
- Lo pensaría, porque hay que pensarlo, no vamos a rechazarlo sin considerar primero la utilidad de lo apropiado o no de nuestra intervención.
¿Si la ADI no es la figura más representativa de las comunidades indígenas, entonces cuál debería ser?
- Eso no es algo que está en sus tradiciones, ahora hay comunidades que usan esa figura y están contentos, en esta mesa de dialogo los dirigentes reclamaban sobre esa figura uniformemente y lo que se hizo fue formar una subcomisión y analizar el reglamento de las ADI a las comunidades indígenas y ver si había una forma de reformar el reglamento y adecuar la figura a lo que las comunidades reclaman.
¿Es necesario quitar la ADI y regresar a las figuras tradicionales para manejar fondos económicos?
- Creo que no nos compete decir si ADI debe seguir o no, lo que diría es que hay que buscar una manera de cumplir con ese derecho a la autodeterminación tal y como está definido en esas normativas y asegure la transparencia, democracia y participación sin exclusiones. Si se puede hacer es una decisión que compete a los actores nacionales. En esta mesa se hizo una propuesta de reforma y había que consultarla a todos los 7 territorios del sur y vale la pena retomar ese trabajo.
¿Continuarán financiando proyectos pese a las acusaciones por mala administración?
- Según tenemos conocimiento, en nuestro apoyo no ha habido tal malversación. Siempre que decidimos apoyar una comunidad indígena se analiza si se puede asegurar esa transparencia y se usen los fondos de acuerdo con lo acordado. Tampoco es constructivo generalizar, porque si hubo un problema, no quiere decir que se dé en todos y habrá que ver caso por caso, en qué comunidades se va a trabajar.
PERIODISTA: Alexander Méndez
CRÉDITOS: Foto: David Barrantes
EMAIL: [email protected]
Viernes 19 Diciembre, 2014
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA