El primer deber de un gobernante es gobernar
En democracia, los pueblos concurren a las urnas para elegir a sus gobernantes y estos están obligados a hacer bien su trabajo, independientemente de las condiciones concretas en que les corresponda ejercer el poder. Es decir, el primer deber de un gobernante es gobernar, y hacerlo bien.
En abril de este año, los costarricenses le dieron una abrumadora mayoría de votos a Luis Guillermo Solís, convirtiéndolo en Presidente de la República, aunque dos meses antes, a su partido apenas si le otorgaron una escasa representación parlamentaria, 13 diputados de 57. ¿Por qué actuó así el electorado? Esa es una interrogante que habrá que ir deshojando con el correr del tiempo, aunque viendo la conformación total del parlamento, donde todas las nueve fracciones electas son minoritarias, es evidente que continúa prevaleciendo en la ciudadanía el criterio de “quebrar el voto”, lo que no es indicativo de madurez política y suele dificultar la gobernabilidad.
En esas procelosas aguas legislativas ha empezado a moverse este primer gobierno del Partido Acción Ciudadano, para quien ganar posiciones en la Asamblea es fundamental, habida cuenta de que buena parte de lo que pueda ser su programa de Gobierno, pasa por el tamiz del Parlamento, requiere votación legislativa.
El caso más emblemático es el Presupuesto General de la República, fundamento financiero de la gestión del 2015, y que ha sido tramitado y aprobado en medio de los enfrentamientos más significativos en el seno del Parlamento y entre algunas bancadas y el Gobierno en lo que va de esta legislatura.
No debe perderse la perspectiva de que la gente vota para que sus necesidades sean atendidas, y aunque esa difícil conformación del parlamento actual es producto de la voluntad de la gente, nadie le va a aceptar al Presidente ninguna excusa para no cumplir sus compromisos, aunque esa misma gente fue la que le dio una exigua representación parlamentaria. Es una suerte de dialéctica truculenta con la que el mandatario tiene que lidiar todos los días. La legalidad, las normas y prácticas que emanan de la costumbre constituyen los marcos en que el Ejecutivo debe desarrollar sus relaciones con el Legislativo, y también los instrumentos fundamentales para llevar a buen puerto sus propósitos, y a partir de ahí lo que procede es negociar, mañana, tarde y noche, porque no hay campo para las excusas.
Eso es válido siempre y más aún en el contexto político que vive el país. Tendremos nueve fracciones legislativas hasta el 30 de abril del 2018, nunca menos, pero existe la posibilidad de que esa dispersión aumente por diputados que por razones diversas decidan separarse de sus bancadas originales, como reiteradamente ha ocurrido en el pasado.
Por esta razón y por ausencia de cultura política no se vislumbra la posibilidad de que en nuestra Asamblea Legislativa se puedan construir alianzas de mayor contenido y profundidad. A lo más que podemos apuntar es coincidencias en torno a un proyecto, a una acción concreta, que eventualmente podría evolucionar a acuerdos de mayor calado, pero eso es todo un proceso y demanda mucho tiempo. La mejor experiencia en este campo ocurrió en el 2011, cuando los sectores de la oposición el control de la Asamblea, pero esa experiencia- si bien alcanzó algunos logros importantes- a duras penas subsistió por un año.
La experiencia de lo que ha acontecido en torno al trámite de este plan de gastos deja ver que este ha sido el primer entrevero importante entre fuerzas políticas que comportan diferencias significativas entre sí. Quedó claro que la fracción del PLN decidió pasar a la ofensiva blandiendo tijeras para hacer recortes significativos al presupuesto enviado por el Ejecutivo, buscando ponerlo de rodillas.
En la misma dirección se movieron otras fracciones, incluyendo al fundador del PAC, diputado Ottón Solís, pero resultó evidente que Liberación buscaba quedarse con los honores de ese enfrentamiento.
El gobierno jugó con la legalidad y con las normas que dicta la costumbre, quebró el bloque de la oposición y ganó, al menos en el propósito de aprobar el Plan de Gastos que considera necesario para financiar obra en el 2015.
Se ha especulado si esa estrategia no le va a dificultar a la Administración Solís el trámite de proyectos futuros en el parlamento, particularmente la reforma fiscal cuya aprobación se considera impostergable, pero no había nada que indicara que si el Ejecutivo aceptaba las decisiones de los adversarios a su versión presupuestaria, se estaba garantizando apoyo a futuro de lo que será su versión de reforma fiscal. En todo caso, pertrechado ya con un suculento presupuesto para el año entrante, lo que le corresponde a la administración Solís es actuar, darle una lucha frontal al desperdicio, practicar la austeridad y cumplirle al país, como es su primera obligación.
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Jueves 27 Noviembre, 2014
HORA: 12:00 AM
CRÉDITOS: Franklin Carvajal Bejarano / [email protected].
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