El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud) denunció la forma sospechosa en que Eduardo Melinsky, analista argentino, ganó una licitación para realizar un segundo estudio al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, aun cuando no cuenta con un permiso por parte del Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Costa Rica para laborar en el país.
El Fondo de Pensiones del Poder Judicial ordenó hacer otro estudio porque el que se efectuó en 2012 supuestamente se hizo mal, pues a su criterio se tomaron como base aspectos inadecuados e ilógicos. El resultado es que el sistema sufría un déficit y colapsaría en 2026.
La Contraloría General de la República en 2012, con base en los resultados de ese estudio, recomendó a la Corte Plena y al Consejo Superior crear un proyecto de ley que fije un tope de pensiones y resalta el hecho que la firma advierte sobre un déficit de casi ¢3,9 mil millones.
“En el primer estudio observamos desastres, nosotros contratamos un actuario nacional, Raúl Hernández, que dice lo contrario, eso sí nos hace una serie de recomendaciones que son las que nosotros estamos impulsando”, explicó Hernán Campos, secretario de Asuntos Laborales de Sitrajud.
Ante este panorama, a inicios de junio de este año se anuncia una licitación que ganó la firma Melinsky Pellegrinelli y Asociados, representada por Eduardo Melinsky, quien actualmente desarrolla un estudio actuarial para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
COLEGIO NEGÓ PERMISO
El Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Costa Rica aprobó, el 7 de abril anterior, un permiso para que Melinsky trabajara de manera exclusiva y temporal para la CCSS.
De acuerdo con un documento firmado por Zoila Víquez, directora ejecutiva de ese colegio profesional, Melinsky presentó una nueva solicitud el 29 de julio anterior como miembro temporal para laborar con el Poder Judicial de Costa Rica, la cual fue denegada por la junta directiva el 18 de agosto.
“Luego de analizar la solicitud se acordó expresamente no aprobar la solicitud de miembro temporal al señor Eduardo Melinsky, amparados en el artículo No.6 de la Ley 7105, que establece que la condición de miembro temporal se otorga única y exclusivamente a los profesionales en Ciencias Económicas extranjeros que ingresen al país para realizar trabajos específicos por un plazo determinado, plazo que el Reglamento General del Colegio ha establecido para estos efectos hasta por un plazo de 6 meses; esto debido a que el pasado mes de abril se le concedió la condición de miembro temporal”, confirmó el Colegio en respuesta a la consulta de DIARIO EXTRA.
Aun cuando el analista, quien ha trabajado anteriormente para otras instituciones del país, no contaba con los permisos empezó a trabajar desde Argentina con los datos que le enviaban y dijo que comenzaría bajo el mismo formato que el informe anterior.
“En la edad, que él estableció como esperanza de vida para el poder judicial, de 90 años, además insiste que todos los trabajadores están casados y tienen hijos, lo cual es inválido. Hemos demostrado que las inversiones han tenido un rendimiento superior al que él determinó en el primer estudio, pero insiste en que no son sostenibles a través del tiempo”, aseguró Campos.
Agregó que, además de las contradicciones, ahora saben que el estudio está a medias y el Colegio le negó el permiso porque ya le concedieron uno para otra entidad.
Los miembros de Sitrajud denuncian que existen intereses para debilitar el sistema de pensiones, pues incluso se anunció a la bióloga Monika Springer para llevar a cabo un análisis del estado del sistema.
DIARIO EXTRA intentó comunicarse con Ana Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, para conocer qué pasa con la contratación de ¢10 millones, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
