En el caso hipotético de que el Tribunal Administrativo del Transporte (TAT) no haya resuelto por el fondo si están bien renovadas las concesiones de buses dadas en la pasada administración, las 157 empresas seguirán operando las rutas con la modalidad de permiso.
Esto ha causado gran revuelo en el sector porque pasar a ser permisionarios les cambia a los empresarios las reglas del juego, debido a que se les podrían cerrar los créditos en las entidades bancarias.
El permiso sería en precario y se lo podrían quitar en 24 horas.
Así lo resolvió el Consejo de Transporte Público (CTP) en la sesión 39, donde se conoció un informe relacionado a este tema. Los directores analizaron las potestades que tiene ese Consejo y entre ellas está darle continuidad a los servicios públicos que regulan.
“Indistintamente del escenario fatídico que haya que enfrentar -de forma hipotética- la administración, de conformidad con los principios de eficacia y eficiencia administrativa, debe garantizar la continuidad de dicho servicio enfrente de los usuarios que son satisfechos con la prestación del mismo”, se indica en el informe.
Según el CTP, en caso de no concluirse el proceso -que depende de la decisión final del TAP- las empresas que se sometieron al proceso de renovación realizado por la pasada administración se verán perjudicadas, porque estarían imposibilitadas a formalizar el contrato pese a que cumplieron con todos los requisitos.
Por esa razón el CTP acordó informar a todas las empresas de buses concesionarias, las cuales fueron evaluadas satisfactoriamente, que se les concederá el permiso de operación en la ruta, recorrido, flota y demás aspectos con los que han venido operando.
La denuncia ante el TAP la interpuso la Defensoría de los Habitantes, ya que en la matriz utilizada para calificar a las entidades no se tomó en cuenta la opinión de los usuarios. Por eso el CTP paralizó el proceso y le pidió al CTP las explicaciones del caso; asimismo solicitó a las organizaciones de clientes que presentaran coadyuvancia.
Pero además de eso, la renovación tiene un problema de legalidad, puesto que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no le otorgó el refrendo a este acto, por lo tanto no puede quedar en firme la renovación.
