México. (EFE) - En uno de los operativos más grandes de los últimos meses, el Ejército y la Policía de México rescataron a unos 500 niños que permanecían recluidos en un albergue -denominado para menores- de la ciudad de Zamora (Michoacán), a 330 kilómetros de la capital.
Asimismo la Fiscalía de ese país anunció que las primeras declaraciones de 12 de los afectados confirmaron las denuncias sobre abusos sexuales, maltratos físicos y psicológicos que sufrieron.
En el centro de todas las miradas se encuentra Rosa del Carmen Verduzco, la administradora y fundadora de La Gran Familia. "Mama Rosa", sobrenombre de la mujer de 79 años, fue detenida junto con ocho colaboradores y es acusada por "privación ilegal de la libertad" de 600 personas, desde recién nacidos hasta hombres y mujeres de más de 40 años.
Según la Fiscalía, que intervino tras recibir "al menos 50 denuncias", muchas de las víctimas "dormían en el piso (suelo), pedían limosna y sufrían abusos sexuales en un espacio con plagas de ratas y chinches".
Lo más sorprendente es que el internado se presenta en su web como una institución que cuenta con escuelas primaria y secundaria aparentemente homologadas y con subsidios de entes oficiales de los distintos niveles del Estado mexicano.
También alardea de suscribir en 1999 un convenio con el que luego fue presidente del país, Vicente Fox (2000-2006), entonces gobernador del estado de Guanajuato.
"Más de 4 mil niños y niñas han vivido y salido" del albergue y la orquesta sinfónica del centro ha tocado en el Palacio de Bellas Artes y la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, se jacta.
Según las alertas recibidas por la justicia, los bebés que llegaban al nacer eran inscritos, "sin permitir que los padres pudieran llevar alguna tutela de los menores, argumentando que los dejaría ir al cumplir la mayoría de edad".
Entre los niños que vivieron en la casa, ya adultos, hay opiniones de todo tipo, desde quienes califican su estancia como un infierno hasta quienes justifican y entienden una educación dura y llena de carencias.
Jesús Murillo, titular de la Procuraduría General de la República, afirmó que los testimonios y las condiciones del lugar muestran "hoy con más contundencia que ayer" las conductas delictivas.
Una de las víctimas dijo ser sometida a maltratos físicos y psicológicos, además fue obligada por un hombre a practicarle sexo oral bajo la amenaza de matarlo.
Otra narró que recibía golpes en el rostro, era obligada por un sujeto a tener sexo oral y encerrada por tiempos prolongados en un cuarto muy pequeño al que llamaban "El Pinocho", sin comida ni agua, "a manera de castigo".
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Jueves 17 Julio, 2014
HORA: 12:00 AM
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