Editorial
Muchos consideran que los nombramientos de miembros de juntas directivas en las instituciones públicas responden mucho al llamado “botín político”, el cual ha sido costumbre y avalado por Ley que se reparta entre el Gobierno de turno y el partido de oposición más fuerte.
Contadas claro algunas excepciones donde ciertos cargos por negociación fueron cedidos a otras agrupaciones minoritarias, pero cuyos votos en asuntos “estratégicos” fueron más importante para quienes en ese momento llevaban las riendas del país.
El Partido Acción Ciudadana (PAC), acompañado por algunos grupos también de oposición, han levantado la voz criticando esa “piñata” a la luz de una legislación que para ellos debe ser borrada, o al menos modificada.
Hoy cuando son los rojiamarillos los llamados a dirigir Costa Rica por los próximos cuatro años, es el propio mandatario electo quien habló de no apegarse a sus disposiciones en el sentido de considerar una distribución más “equitativa” entre las fuerzas políticas contrarias, e incluso de considerar inclusión de otros grupos sociales vinculados a las áreas de acción de dichas instituciones.
Es decir, la norma se mantendría sólo que serían llenadas las vacantes al “pie de la letra”, porque es hasta ahora cuando se rompe en definitiva el bipartidismo en el Poder (Zapote porque en Cuesta de Moras desapareció hace tiempo).
El cálculo político en la integración de las Juntas Directivas tiene una razón de ser, más que un “botín”, es el de garantizar el buen funcionamiento, de acuerdo con los criterios del Gobierno de turno, de las entidades públicas integrando figuras que conozcan sobre las áreas de desempeño de las mismas.
No se pueden dejar de lado los intereses propios cuando se han “repartido” entre partidos, aunque a diferencia del pasado ahora el número de jugadores aumentó, pero al fin y al cabo continúa siendo eso: “una repartición de confites”.
¿Estará entonces el nuevo gobierno en disposición de perder su 4 de los 3 en las Juntas Directivas?, nos parece que en definitiva no porque eso sería ceder en mucho las decisiones institucionales cuando quienes las dirijan deban recurrir a la aprobación de estos órganos.
Precisamente estas son algunas de las consideraciones a evaluar por parte del nuevo Ejecutivo, así como el eliminar la norma del todo como lo ha predicado su partido, es lo procedente o bien su modificación. Claro está, si este es el camino, habrá que negociar bastante fino en la Asamblea Legislativa.
En conclusión, este es un tema que se las trae y como bien lo señaló Solís se tendrá que estudiar con lupa a fin de encontrar fórmulas más certeras sobre el manejo de las decisiones políticas en el seno de las Juntas Directivas.
Considerando, eso sí, que las resoluciones también de grupos sociales o económicos que las integren tampoco dejarán de ser en definitiva lo mismo: decisiones políticas. Estaremos pendientes del tema.
