El Patronato Nacional de Rehabilitación (Panare) deberá pagarle más de 4 años de salarios, aguinaldos, salario escolar, intereses y ¢3 millones a una fisioterapista que fue despedida por haber ido al Ministerio de Trabajo a denunciar que estaba siendo víctima de acoso laboral.
Así lo ordenó la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en su resolución Nº 94-2014, del 31 de enero de este año.
Xiomara Rojas, del Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales (Siteco), comentó ayer que esta condena deberá de ser ejemplificante para las jefaturas de todas las instituciones del país, que no pueden despedir a ningún trabajador cuando ya la denuncia esté interpuesta en el Ministerio de Trabajo.
Se trata del caso de una mujer de apellidos Cedeño Aguirre, quien recurrió a dicha institución a denunciar el acoso de sus tres jefes, por lo que los inspectores le advirtieron a Panare que no debía tomar represalias. Sin embargo, se le abrió un proceso administrativo, acusando las injurias y calumnias (que se debería de discutir en sede penal) y se despidió.
“Desobedecieron al Ministerio de Trabajo, lo que es un hecho gravísimo”, explicó la sindicalista.
Comentó que Cedeño pasó por toda una tragedia al ser despedida de su trabajo, y que en las instancias judiciales Panare ganaba al contar con varios abogados que minimizaron su versión de los hechos. No obstante, los magistrados de la Sala Segunda se avocaron a estudiar a fondo el expediente judicial, dándole la razón a la víctima.
“La Sala hizo justicia ordenando su inmediata reinstalación con el consecuente pago de los salarios caídos dejados de percibir en 4 años y tres meses, los aguinaldos, salarios escolares, el pago de cuotas a la seguridad social y los intereses. Pero lo más importante, condenando a la institución por daño moral por considerar que la institución con ese despido injustificado causó un daño y gran sufrimiento a doña Miriam”, comentó Rojas.
La sindicalista hizo un llamado a las altas jerarquías del Panare para que actúe de inmediato, obligando así a los funcionarios que causaron el daño moral a cancelar a título personal el monto de los ¢3 millones para que no salga de los impuestos que pagamos todos los costarricenses.
“Se ha hecho justicia a una mujer trabajadora cuyo único pecado ha sido ser responsable de su trabajo, solidaria y eficiente con sus pacientes”, concluyó la sindicalista.
DIARIO EXTRA intentó localizar a los jerarcas de Panare, sin embargo aseguraron que este tema lo analizarán este viernes en reunión de Junta Directiva (con sus abogados) las opciones para apelar la sentencia por lo que estaban autorizados para referirse a este asunto.
