Los pueblos indígenas y la lucha por el respeto a sus derechos

El estado costarricense se ha caracterizado por repetir una frase trillada: “El problema de los indígenas” , y con este término quieren endosarnos y ocultar la responsabilidad única que tiene el Estado por la pérdida sistemática de la tenencia de tierra, la pérdida de identidad, la ausencia de prestación de servicios de salud con equidad, la no apertura de espacios de representación política y el sometimiento a las políticas institucionales y jurídicas, que la sociedad dominante ha creado por medio del gobierno que representa sus intereses, como forma para someternos, y ha llegado a constituirse en una flagrante y sistemática violación a los derechos indígenas y humanos.

El derecho de propiedad de los indígenas a las tierras tradicionalmente ocupadas fue reconocido por primera vez, mediante la Ley General de Terrenos Baldíos, de 1939. Posteriormente, con la Ley 6172 de 1977 se crea la ley indígena, instrumento jurídico vigente e incumplido desde hace 36 años, ordena reubicar o expropiar a todos aquellos no indígenas que estuvieran en esas tierras antes de 1977 y los que ingresaren con posterioridad a esa fecha, debieron ser desalojados, hecho que ha sido incumplido por el gobierno.

Costa Rica es signataria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y también es parte de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial y de otros instrumentos de derecho internacional, a los cuales debe su acatamiento obligatorio, como país que dice trabajar en la eliminación de todos los convenios internacionales, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación autoridad superior a las leyes.

Pero además, la Sala Constitucional ha sostenido reiteradamente que los instrumentos de derechos humanos, a tenor del artículo 48 constitucional, tienen no solamente un valor similar a la Constitución, sino que incluso priman sobre esta, en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías. Estas resoluciones se han convertido en letra muerta y parece cada vez más cercana la necesidad de estas poblaciones de recurrir en busca de justicia en el marco internacional.

Pero, ¿qué está sucediendo en la realidad práctica, con la aplicación del derecho indígena? Lo que ha venido sucediendo es que aquellas tierras que nos dieron “legalmente” y nos prometieron como paraíso terrenal y como resarcimiento al despojo sistemático que sufrimos de nuestros derechos patrimoniales, se convirtieron en pleno siglo XXI, en el mayor fraude legal y político, que el Estado costarricense comete dentro de su misma institucionalidad, y en contra de quienes debería proteger como ciudadanos indígenas costarricenses y como sujetos de derecho.

En la actualidad el 60% de esas tierras está en manos de personas no indígenas, que ingresaron posterior a la promulgación de la ley de 1977 y los que estaban con anterioridad, esperan que el Estado cumpla con la expropiación conforme a derecho. Aquí no se trata de un pleito entre indígenas y no indígenas, se trata que el gobierno cumpla y ponga a sus instituciones, Inder y Conai, a realizar los estudios correspondientes, para determinar el estado real de la situación y destine el dinero necesario y la voluntad política, para que la ley se cumpla, como está establecido, ya que es innecesario generar tensiones entre pueblos, incertidumbres innecesarias que podrían terminar en violencia, como ha venido ocurriendo en otras regiones del país.

Pero, por otro lado, es necesario que los tribunales de Justicia y los jueces de la República actúen conforme a derecho, con independencia, transparencia y sin realizar interpretaciones subjetivas y superficiales de la Ley, reconociéndonos como sujetos de derecho, en el amplio concepto que plantean los convenios internacionales, y evitando lo que ha venido ocurriendo, que se aplican según el criterio del juez, que esté sentado en su momento en el estrado.

En este sentido, los jueces deben ser los primeros en conocer e interpretar las normas especiales de nuestro ordenamiento jurídico y regulan los derechos indígenas al tenor del mandato constitucional, los convenios internacionales, el derecho consuetudinario y la jurisprudencia. Debemos recordar que dichas resoluciones alcanzan al Poder Ejecutivo, sus instituciones y las personas que incumplan con derechos establecidos en la ley.
Requerimos jueces y tribunales que resuelvan con prontitud, con conocimiento de causa y de la normativa discutida, ya que parece que no se están haciendo los esfuerzos necesarios, para que cuando se incorpora normativa internacional a nuestro ordenamiento jurídico, esto vaya acompañado de un proceso de preparación y capacitación a los operadores de la justicia, para que resuelvan armónica y concordemente. Estamos en una lucha desigual, donde existen varias trincheras bien apertrechadas; los tribunales, empresarios y el propio Estado hacen de las suyas, según su conveniencia y los grupos económicos con sus intereses en juego, que por cierto, son enormes sobre nuestras tierras.

Pero, además a lo anterior, ejercitan el Estado costarricense y en los propios Tribunales de Justicia, su institucionalidad para no resolver, dilatar o no hacer nada para resolver los conflictos sobre nuestras propiedades, cuando se recurre abusivamente al llamado “debido proceso y a procedimientos burocráticos”, para justificar no cumplir con la Ley, con los derechos indígenas, y prolongar aún más, el viacrucis que hemos pasado desde hace 521 años, desde la invasión del Continente.

Los pueblos requieren vivir en paz, en armonía con la naturaleza y con otros pueblos con quienes han compartido recientemente. Por eso, es necesario y urgente, resolver el problema que tiene el Estado, y nada más que él, con los indígenas, los afrodescendientes y los campesinos del país.

Es hora que los pueblos vivan en paz, en seguridad con sus derechos y que las instituciones públicas elaboren políticas, para que estos sectores menos desfavorecidos, eleven su buen vivir, pero sobre todo, que cese la persecución institucional discriminatoria y excluyente, que violenta los derechos universales. Ahora, ante este panorama, en el cual se acerca una segunda ronda electoral donde en la agenda de los candidatos, estos temas de las minorías autóctonas y nuestros derechos, son los grandes ausentes en sus programas, y más aún en la lista de representación política de una genuina minoría autóctona; y como dice el programa popular: “¿Y ahora quién podrá defendernos?”

La respuesta es obvia, a prepararnos, porque nos esperan días oscuros y de mucha turbulencia, que van a requerir de actos heroicos como los de Pablo Presbere, y no queda otro camino de alinearnos estratégicamente en aquellos sectores progresistas y de la izquierda, que pujan por terminar con la corrupción, la violación a los derechos de las minorías y construir la Costa Rica que queremos.

Vivir en paz es un derecho que tenemos los excluidos del sistema político costarricense, y esto empieza reconociendo nuestros derechos. Basta a la violencia institucional.

*Indígena Bribri

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Miércoles 05 Marzo, 2014

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Guillermo Rodríguez Romero