Rafael Ángel Guillén Elizondo, exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y ahora abogado litigante, es de la tesis que el responsable de que se haya dado el espionaje a DIARIO EXTRA es la Sala Constitucional, la cual dejó por la libre que OIJ y fiscales puedan hacer rastreos telefónicos sin ninguna control.
Guillén explicó que antes, cuando él dirigía ese organismo, había control para que se no espiara a periodistas; el rastreo de llamadas tenía que autorizarlo un juez de garantías y por lo tanto no se daban abusos. “Antes, el fiscal debía de fundamentar muy bien la solicitud ante el juez, esto permitía que hubiera un control y se evitara excesos”, manifestó Guillén.
Sin embargo, todo cambió a raíz de una resolución de la Sala IV, que hace una interpretación de las comunicaciones y se dice que como los investigadores del OIJ y los Fiscales no se imponen del contenido de la comunicación, sino solo del abogado de los teléfonos de los interlocutores.
Eso permitió la libertad para que los investigadores y fiscales rastreen las llamadas sin ninguna limitación. “Ahí fue donde comenzaron los problemas. El OIJ y los Fiscales están ahora por la libre para que puedan rastrear a todo el que quieran, con motivo o sin motivo. Incluso, por cualquier cosa. No tienen ningún control de nadie”, manifestó.
Además, apuntó que al cerrarse toda posibilidad de que los empleados públicos puedan brindar las noticias a los periodistas, entonces surge la información clandestina que nutre a los comunicadores sedientos de informar la verdad.
“Acá, en el caso de DIARIO EXTRA, se da por la interpretación de la Sala Constitucional de que los fiscales e investigadores pueden hacerlo libremente, sin orden de un juez, como era antes. Cualquiera hace fiesta cuando no se tiene vigilancia y obligaciones que cumplir”, explicó Guillén.
Comentó que a su criterio, el OIJ y Fiscales están atropellando el sistema de información, persiguiendo a los periodistas, porque se está llegando al espionaje de los teléfonos y la central de DIARIO EXTRA. “Eso me parece sumamente grave. Atenta contra los derechos fundamentales de los que informan y de los que tienen que ser informados. Es muy peligroso lo que le está sucediendo a la prensa, la cual debe tener libertad para poder informar correctamente de todo lo que pasa y principalmente en la función publica”, dijo. Recordó que los grandes problemas de corrupción han sido investigados porque la prensa valiente los ha denunciado. “Pero, ahora resulta que estamos socavando esa libertad, y ocasionado un problema muy serio a la institucionalidad y a la libre expresión”, agregó Guillén.
Para el abogado no se puede limitar bajo ninguna circunstancia el trabajo de la prensa, más bien es al contrario; hay que robustecerla y tomarla en cuenta como uno de los pilares de la democracia.
Para el exdirector del OIJ, quien debe resolver este conflicto es la propia Sala IV. “Ellos, los magistrados, tienen la facultad de revocar esa disposición que dejó por la libre al OIJ y fiscales de rastrear los teléfonos de los costarricenses, con o sin motivo. Y así hacer que se requiera la orden de un juez, quien asegura que no se cometan abusos como el sucedido con DIARIO EXTRA.
