“Los casos duran demasiado, si me va durar año y medio por un coffee maker, prefiero comprarme otro”, así resume Erick Ulate, presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, el escenario de defensa de los derechos del consumidor en el país, un panorama que presiona a los ticos ha abandonar sus derechos antes de quedar enlodados en un proceso de denuncia.
Según critica el Estado, lo ha dejado como un “tema marginal en uno de los ministerios más pequeños”.
Para el experto el problema es que la Comisión Nacional del Consumidor, instancia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) carece de los recursos suficientes para encarar las denuncias.
Un ejemplo claro, según acotó, es que acumula 7 mil expedientes, para cuya defensa solo cuenta con cuatro abogados, y al parecer sostiene que hasta como asociación ha sido víctima, pues arrastra casos sin resolver desde el 2008.
De acuerdo con Ulate, hasta los comercios se aprovechan de esta situación y amedrentan a los clientes.
“Un señor ya harto con el teléfono malo, le dijo al comercio voy a denunciarlos, y el comercio les dijo: usted verá si denuncia, van a tardar más resolviendo”, ejemplificó Ulate.
DESINFORMACIÓN
A esto suma el desconocimiento de la gente, para lo cual aseguró que el MEIC tampoco tiene suficientes instrumentos para capacitarlos.
“La gente sabe que tiene derechos, pero no logra precisar cuáles son sobre todo con el tema de los plazos, que la gente con garantía sepa que cuando el artículo está en el taller la garantía se detiene”, sostuvo Ulate.
Para empeorar las cosas, Ulate resaltó que la defensa está desperdigada en instituciones, tal es el caso “si usted tiene un problema en el teléfono, tiene que identificar si es en el servicio o el teléfono, porque si es servicio tiene que ir a la Sutel, si es el aparato a la Comisión Nacional de Consumidor; en el tema de los buses también si es tarifa a la Aresep, si es el transporte al CTP”.
Al respecto el Gobierno anunció que este lunes dará a conocer una iniciativa legislativa en materia de protección al consumidor que presentará a la Asamblea Legislativa.
