Una resolución de la Sala Constitucional confirmó una vez más que ante cualquier abuso debe primar la protección de la víctima, por eso declaró sin lugar un recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) por no dar a conocer el nombre de un niño que era víctima de matonismo o bullying por parte de un compañero.
De esta manera el alto tribunal les dijo a los padres del supuesto victimario que no podrá conocer el nombre del menor que denunció a su hijo. En la sentencia 2013-10711 los magistrados estimaron por mayoría que las razones dadas por el MEP tenían fundamento en el principio del interés superior del menor. Por esta razón se guarda la confidencialidad de aquellos estudiantes que denuncian este tipo de abusos, en la medida que significa el resguardo preventivo y necesario de su integridad y dignidad contra eventuales represalias de tipo físico, psicológico o de cualquier naturaleza por parte del agresor denunciado.
Los magistrados Armijo Sancho, Cruz Castro y Castillo Víquez salvan el voto y declaran con lugar el recurso en consideración al derecho al debido proceso del menor denunciado por agresión.
