La presidenta de la República, Laura Chinchilla, negó que su Gobierno esté impulsando la concesión de la autopista Florencio del Castillo, que va de San José a Cartago.
Chinchilla hizo esa aclaración luego de que los vecinos de las comunidades afectadas comenzaran a organizarse para oponerse a que ese proyecto se haga realidad.
“No es cierto que se está otorgando una concesión para la carretera a Cartago. Si ustedes van posiblemente al Consejo Nacional de Concesiones encontrarán múltiples solicitudes que terceros y distintos funcionarios han analizado en su momento, pero no hay ningún otro proyecto en marcha, lo cual no quiere decir que no se estén tomando análisis para que, sobre la base del Plan Nacional de Transporte Público, se puedan considerar concesiones para otro tipo de proyectos”, sostuvo Chinchilla.
El ministro de Planificación, Roberto Gallardo, sostuvo que la administración Chinchilla sólo se centrará en sacar adelante la concesión de la Terminal de Contenedores, en Moín.
Desde el fin de semana los vecinos descubrieron que en la página del Concejo Nacional de Concesiones estaba instalado el proyecto, por lo que solo falta el ejecútese del Poder Ejecutivo. No obstante, el Director ejecutivo de ese órgano declinó dar mayores detalles.
En el proyecto que se detalla en el sitio web del CNC que el corredor vial San José - Cartago consta de un total de 20.5 km con un tramo existente de 17.6 km de la Autopista Florencio del Castillo, el cual debe ser ampliado y un tramo a construir de 2.9 km, denominado La Nueva Radial Zapote - Curridabat. Esta nueva radial inicia a 200 metros de la Rotonda Zapote, en la Ruta 215 y finaliza al lado sur de la ciudad de Curridabat, en el entronque de las Rutas 221, 252 y la Ruta 2, Autopista Florencio del Castillo, Intersección Hacienda Vieja.
El costo del proyecto sería de $170 millones para alrededor de $8,5 millones por cada kilómetro. Según el CNC, el plazo de la concesión sería de 25 o 30 años.
No obstante, el CNC no indica qué empresa o profesionales hicieron el estudio. Tampoco dónde estarán ubicados los peajes, y mucho menos cuánto costarían.
Sobre la polémica con la carretera San José-San Ramón, Gallardo detalló que ya el Gobierno envió al concesionario OAS la suspensión del contrato, que rige por 60 días. Para el Ministro es tiempo suficiente para que tanto el Gobierno como la concesionaria dejen claro los términos en los que finiquitarán el contrato por acuerdo mutuo.
