Según señala un informe de la Contraloría General de la República (CGR), el plan estratégico presentado por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) no se adapta a lo establecido mediante la política conocida como Costa Rica Segura Plus.
El documento evidencia que el plan estratégico de dicho Ministerio no refleja los objetivos ni metas establecidos en la Política Nacional de Seguridad Costa Rica Segura Plus 2023-2030, situación que no permite medir el aporte consecutivo de los objetivos.
“No se establece la relación concreta entre ellos, que permita orientar el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Ministerio de Seguridad Pública para impulsar el logro e impacto de la Política Pública”, externa el análisis.
SIN PLAN DE ACCIÓN
Si bien la política de seguridad denominada Costa Rica Segura Plus fue presentada en diciembre de 2023 por parte del MSP, la CGR recalca que, de acuerdo con lo que indicó la administración de esta cartera, el plan de acción para ejecutar dicha iniciativa está en desarrollo, esto quiere decir que se encuentra pendiente no solo la terminación de las acciones a tomar, sino también la vinculación con el plan estratégico 2024-2030, oficializado en enero de 2024, lo que no permite contribuir a las necesidades en materia de seguridad.
Ante esta situación DIARIO EXTRA consultó al ministro de Seguridad Pública Mario Zamora acerca del porqué Costa Rica Segura fue presentado sin tener un plan de acción, a lo que justificó que la estrategia se dio a conocer un año antes de lo previsto.
“Lo primero es indicar que nosotros teníamos tiempo oficial dado por la Contraloría de presentación de la política de seguridad hasta finales de noviembre de 2024, la entregamos un año antes y el plan de acción se construye con las partes, es decir, el plan de acción es cuando yo me reúno con el IMAS y nos ponemos de acuerdo las acciones que va a hacer este Instituto en materia de prevención, entonces eso tiene que ser un trabajo de construcción mutua, no somos nosotros los que lo determinamos unilateralmente, entonces, pues es lógico que después de la presentación de una política lo que sigue es construir el plan de acción, de cómo la vas a ejecutar”, explicó Zamora.
Uno de los principales hallazgos realizados por la Contraloría es que el Plan Estratégico vigente consiste en una declaratoria de interés público que fue tomada del Plan estratégico anterior. Sin embargo, en ninguno de los dos casos deriva de un análisis que asegure la atención de los problemas y demandas ciudadanas con las acciones por realizar.
SIN PLAN DE ADQUISICIÓN
Pero dicho informe no solo revela esta situación, sino que subraya también otras falencias del Ministerio de Seguridad Pública, en medio de una ola de criminalidad y violencia que enfrenta Costa Rica, como lo es la ausencia de un plan de acción a mediano plazo en cuanto a la adquisición de bienes y servicios.
“Las instituciones públicas deben velar por la implementación de un conjunto de instrumentos de planificación de mediano plazo debidamente articulados que faciliten su orientación a la generación de valor público, para lo cual se deben definir acciones que se concreticen en la implementación de planes institucionales, programas y proyectos”, dice el documento.
El mismo texto señala que, con respecto a la adquisición de bienes y servicios públicos, es vital efectuar acciones en un tiempo específico donde se expresen los requerimientos de la institución, con el fin de organizar y garantizar la provisión oportuna de bienes, obras y servicios requeridos para cumplir con los objetivos institucionales.
PLANES DE INFRAESTRUCTURA
Aun cuando la CGR destaca que este MSP cuenta con un plan de Adquisición 2024 debidamente incorporado al Sistema Integrado de Compras (Sicop) para la planificación de inversiones anuales, no se cuenta con la planificación de lo requerido en cuanto a bienes e infraestructura basándose en las necesidades y en las prioridades de la organización a mediano plazo.
“Las situaciones descritas surgen debido a que el MSP no cuenta con un plan de adquisiciones de mediano plazo que oriente al análisis de las necesidades y prioridades institucionales de bienes e infraestructura, elaborado en coordinación con las diferentes áreas y unidades organizacionales encargadas de la gestión de bienes y con base en los diagnósticos institucionales existentes en esta materia, que permita garantizar que los servicios se podrán brindar de forma continua y maximizando el valor de los recursos para cumplir con su mandato legal”, añade el informe.
IMPULSO PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA
El Ministerio de Seguridad Pública ha incluido en su estructura interna la oferta pública inicial (OPI), el subproceso de seguimiento y evaluación de la planificación estratégica institucional, esto con personal debidamente designado a estas acciones, pero la Contraloría mencionó que no ha llevado a cabo un análisis sistemático para el seguimiento del PEI 2019-2023 que promueva mejoras en la estrategia estable.
En el documento en cuestión consta cómo estos problemas vienen desde tiempo atrás, ya que se señala que tanto el Plan Estratégico 2019-2023 como el Plan Estratégico 2024-2030 contemplan un apartado para el seguimiento y la evolución del plan, el cual incluye las definiciones, sin embargo, dicho cuadro no contiene información al establecimiento de un marco de seguimiento al que va a ser sometido el plan.
OBSERVACIONES DEL PLAN ANTIGUO
Sobre las valoraciones efectuadas al plan 2019-2023 para la elaboración del plan de 2024-2033, se logró identificar que existieron dos informes de seguimiento con los logros de 2019-2023 en donde se demuestra los grados de avance de cada componente del plan.
Dichos avances fueron comunicados al entonces ministro de esta cartera, y publicados en la página web de este, pero el documento resalta que no existió una estrategia de divulgación.
“Los resultados del informe de seguimiento con corte a junio de 2021 fueron realizados al entonces ministro de esa entidad, y la publicación del mismo en la página web institucional. Lo anterior sin que mediara una estrategia de divulgación y comunicación de los resultados que promueva la transparencia y la rendición de cuentas de la planificación estratégica a todas las partes interesadas y principalmente a la ciudadanía como principal receptor de los servicios que brinda el Ministerio”, recalcaron.
EXPERTOS
El Periódico del Pueblo consultó a varios expertos en la materia sobre este asunto. El exministro de Seguridad Gustavo Mata aseveró que esto únicamente refleja la improvisación y la falta de una planificación por parte del MSP.
“Efectivamente esto era de esperarse, que la Contraloría se pronunciara con respecto a estas supuestas políticas de seguridad. Nosotros lo anunciamos desde el inicio, que eso no era una política de seguridad de Estado, estas políticas deben contemplar otras series de elementos debidamente articulados con otros Ministerios. No me queda la menor duda de que tiene razón la Contraloría, pues se veía a simple vista que efectivamente esto era un ‘copy-paste’, en el sentido de que no se aterriza en lo importante y en lo que le interesa al país. Ellos no tienen un plan, no saben qué hacer, no tienen una ruta o camino a seguir, es una improvisación diaria”, alegó Mata.
Por su parte el licenciado Mario Arias, especialista en delincuencia y anticorrupción, externó que al no existir los mecanismos establecidos en el plan estratégico institucional es difícil que exista verificación de los objetivos.
“No existe una conexión clara y coherente entre los objetivos, metas e indicadores establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Seguridad Pública y la Política Nacional de Seguridad Pública - Costa Rica Segura Plus 2023-2030. Como resultado, se vuelve difícil o incluso imposible evaluar de manera precisa cómo las acciones del Ministerio contribuyen al logro de los objetivos de seguridad a nivel nacional establecidos en la política nacional”, acotó Arias.
El mismo experto agregó que, al no existir un mecanismo de seguimiento, se compromete la eficiencia del MSP. “Esto a su vez compromete la eficacia de la estrategia general del Ministerio y su capacidad para rendir cuentas sobre cómo se están utilizando los recursos públicos. En resumen, sugiere que la ausencia de un sistema de seguimiento adecuado puede llevar a una gestión ineficiente de los recursos y a una falta de transparencia en la Administración Pública”, finalizó.
PERIODISTA: Andrés Ulloa
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Jueves 11 de Abril, 2024
HORA: 12:00 AM
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