Una Costa Rica no tan segura

Editorial

En momentos cuando los homicidios vuelven a subir, en su mayoría debido al ajuste de cuentas por venta de droga, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) recibe una reprimenda de la Contraloría General de la República (CGR).

El órgano contralor concluye que no existe una vinculación con los objetivos, indicadores y metas de la Política Nacional de Seguridad Pública 2023-2030 y el Plan Estratégico Institucional.

Como quien dice, cada uno va por rumbos separados y sin duda esto terminaría afectando el servicio a la ciudadanía y retrasará el rescate de esta bella tierra de las manos del hampa.

Debemos recordar que, en noviembre del año anterior, se presentó el plan Costa Rica Segura Plus, sin embargo, habrá que esperar para ver si a largo plazo hay una baja en la criminalidad.

En aquella oportunidad se habló de que este se trataba de una lluvia de ideas, pero estaba lejos de constituir un verdadero plan que nos devolviera la paz.

Y es que el tema de la seguridad hoy destaca como el que más preocupa a la población, mientras que la economía ha pasado a segundo plano.La percepción es que el tema se nos va de las manos.

Si bien para el ministro Mario Zamora no hay punto de comparación con el Ecuador, muchos temen que en el corto plazo nos terminemos convirtiendo en una narcoeconomía.

Resulta vergonzoso que salgamos salpicados en investigaciones internacionales vinculadas al tráfico de drogas, como se dice en el caso de la “Señora de los Cielos”.

Debería llamarnos la atención que la gente comience a ver los homicidios a sangre fría como algo cotidiano y que incluso se vuelva insensible ante estos hechos. No podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Con esto no decimos que no haya esfuerzos de las autoridades por acabar con el flagelo, pero parecemos estar muy lejos de ver resultados.

Sabemos que el asunto es complejo y no queda claro en qué momento se dejó abierta la puerta para que los negocios oscuros penetraran en suelo nacional.

La Ley N°5482 establece que es obligación del Ministerio de Seguridad Pública velar por la seguridad, tranquilidad y el orden público en el país, pero en este momento nos vemos lejos de eso.

Ciertamente en materia de prevención debería haber un mayor involucramiento de las municipalidades y la ciudadanía, pero la Contraloría nos habla de que no hay una visión integrada que involucre a otros actores.

Para nadie es un secreto que dos cabezas piensan mejor que una y en este caso podría ser interesante que se haga una mesa en la que expertos aporten soluciones o al menos ideas.

Así como ocurrió en materia económica, cuando se necesitaba una salida a la crisis derivada del Covid-19, ¿por qué no se puede hacer lo mismos cuando hablamos de seguridad pública? ¿Cuál es la diferencia ahora?

La seguridad al final es problema de todos y si hay críticas constructivas o aspectos que corregir deberíamos hacerlo con la única finalidad de enderezar el rumbo, porque creemos que nadie puede negar la urgencia de tener un norte claro.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Jueves 11 Abril, 2024

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