Al menos uno de los delitos penales en el caso Aldesa habría prescrito sin que se perciba un avance en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.
DIARIO EXTRA conoció de un documento dirigido a Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República, donde defensores de las víctimas se muestran preocupados por la situación del expediente 19000157-1220-PE.
Otros delitos prescribirían a mediados del próximo año, lo cual dejaría indefensos a más de 580 inversionistas.
Estas personas, entre las que habría asociaciones solidaristas y sus trabajadores, están indefensas ante la incertidumbre y esperan que el Juzgado Concursal resuelva a su favor. Sin embargo, los días pasan y no hay avance en sede judicial.
De acuerdo con el dictamen de la curaduría del Poder Judicial, la deuda de Aldesa Corporación de Inversiones y sus empresas asociadas ascendería a más de ¢140.695 millones.
“(…) Lo que más nos preocupa es que, en el caso del imputado Javier Chaves Bolaños, la acción penal prescribe el 9 de junio de 2024, por lo que es imperativo acelerar el trámite de este asunto que data del 2019; e igual uno de los delitos ya denunciados se encuentra prescrito”, señala el documento, del cual DIARIO EXTRA tiene una copia.
“Tal como es de su conocimiento, dicho caso estuvo en un injustificado letargo a manos del Ministerio Público que solo ha afectado a las víctimas; por lo tanto, dicho caso requiere de manera urgente que sea valorado a nivel procesal por cuanto existen suficientes elementos de convicción para elaborar una solicitud de apertura a juicio contra los autores de estos hechos.
Con sumo respeto, pero de manera exhortativa, solicitamos instruir diligentemente dicha causa de manera urgente con la finalidad de que la misma no prescriba”, agrega el oficio dirigido al fiscal general.
EL CASO
En marzo de 2019 DIARIO EXTRA informó que la Fiscalía Adjunta de Fraudes recibió una denuncia por presunta estafa, administración fraudulenta y aparente retención indebida contra Javier Chaves Bolaños, presidente de Aldesa.
Los inversionistas, entre ellos asociaciones solidaristas y otros conglomerados, acusaron riesgos que superaban más de $200 millones en proyectos inmobiliarios y financieros, los cuales no avanzaron lo suficiente por parte de la empresa de Chaves.
En principio el empresario aseguró que Aldesa le haría frente a la deuda con un plan de contingencia. Posteriormente dijo que “no podría por culpa de la crisis fiscal” y “problemas de liquidez”.
El caso impactó con fuerza al gobierno de Carlos Alvarado, puesto que Edna Camacho, esposa de Javier Chaves, figuraba como ministra coordinadora del Sector Económico, mientras que Rocío Aguilar, exministra de Hacienda, fue directiva en Grupo Aldesa.
Las inversiones escaparon de la fiscalización de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), a pesar de que se habría generado una confusión en relación con el tipo de producto ofrecido.
El tiempo siguió su curso y todavía no hay certeza de la recuperación del dinero en sede concursal. Lo cierto es que no pueden incluir al megaproyecto hotelero Monte del Barco.
Este caso también generó una deuda millonaria con el Ministerio de Hacienda.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
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Jueves 24 de Agosto, 2023
HORA: 12:00 AM
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