Diario Extra - Dejan directivos nombrados a dedo en el Banco Popular

El Gobierno mantendrá su control sobre la junta directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en momentos en que se planea elegir un nuevo gerente general.
Para nadie es un secreto que el nombramiento de Marvin Rodríguez vence en menos de un mes, de modo que tocaría a los directivos designados a dedo por el Ejecutivo elegir a un reemplazo.
La Ley Orgánica del Banco Popular establece que la Junta Directiva Nacional, por mayoría no inferior a cinco votos, designará al gerente y a los subgerentes del banco por un período de cinco años, los que podrán ser reelegidos.
La función del gerente general es implementar los acuerdos tomados por la Junta Directiva Nacional y otras labores administrativas inherentes a su cargo.
En el último año, el Banco Popular se ha visto muy colaborativo en planes impulsados por la administración Chaves Robles, como cuando se congeló la cuota de los clientes para que no se vieran afectados por el alza en las tasas.

¿CÓMO LO JUSTIFICAN?

Del decreto N.º 44019-MP-MTSS se extrae que todavía no se logran resolver situaciones asociadas a la integración de la Asamblea Nacional que es quién debe nombrar a sus representantes, de modo que los directivos designados por el Poder Ejecutivo permanecerán un tiempo adicional.
Es por ello que Raúl Espinoza, Iliana González, Eduardo Navarro y Shirley González se quedarán como directivos temporales del Banco Popular hasta que se comunique lo contrario.
En los oficios GGC-0542-2023 y GGC-0599-2023, la Gerencia General del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, hoy a cargo de Rodríguez, pide que el nombramiento de los miembros pro tempore de la junta pase de ocho meses a 13 meses.
Informa que no habría alcanzado el tiempo para concluir el proceso de integración e instalación de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras para el periodo 2022-2026.
El nombramiento pro tempore se podrá hacer hasta por 15 meses posteriores a la primera designación.
Este decreto está firmado por el presidente Rodrigo Chaves, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero Rodríguez.

POR CENSO

En el caso de la Asamblea Nacional de Trabajadores, cada una de las organizaciones de base deberán remitir, dentro del plazo establecido, las listas de sus personas afiliadas y asociadas activas, a través del medio de almacenamiento físico o electrónico, según las direcciones que se indiquen, esto con excepción del sector comunal.
Aquellos sectores que consideren que su cantidad de afiliados no les resulta suficiente para obtener más de un delegado o delegada, podrán optar por no remitir la lista.
En el caso de la copropiedad, será verificada a través del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) y se corroborará la identidad de las personas nacionales a través del registro del Tribunal Supremo de Elecciones.
Aducen que para no perjudicar la integración de la asamblea del periodo 2022-2026, la Comisión de Integración dará un plazo razonable a las organizaciones base para remitir la certificación de membresía emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, de esa forma, subsanar la documentación y realizar la verificación de la cantidad de personas afiliadas y asociadas activas.