
El incumplimiento de sentencias en Costa Rica ha mostrado un incremento sostenido en los últimos años, según un análisis institucional del periodo 2018 a 2026.
Pasó de 86 casos en 2018 a 788 en 2025, mientras el cumplimiento general se mantiene por encima del 95%.
Además, el informe identifica a la CCSS, el Poder Ejecutivo y las municipalidades como los principales concentradores de estos casos. Sin embargo, el aumento ha generado preocupación en la presidencia debido al impacto en la aplicación efectiva de las resoluciones judiciales.