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La reducción de 3 mil 53 millones de colones en el presupuesto del Poder Judicial para 2026 representa una amenaza directa a la capacidad operativa del OIJ, justo cuando el país muestra una tendencia a la baja en la cifra de homicidios, que podría cerrar por debajo de los 800 casos.
El director de la policía judicial, Michael Soto, expresó que el recorte obligaría a racionar el uso de combustible y viáticos, elementos fundamentales para las operaciones en regiones con alta incidencia de violencia.
La preocupación radica en que esta limitación financiera podría frenar los avances logrados con operativos de alto impacto que han permitido desarticular bandas y capturar a líderes criminales. Soto subrayó que, aunque la disminución de homicidios es positiva, el país sigue enfrentando serios problemas de seguridad que requieren de una inversión sostenida.