
El uso del polígrafo como herramienta para determinar rasgos de confiabilidad en cuerpos policiales y de seguridad nacional está regulado en Costa Rica desde mayo del 2021 mediante una ley específica, cuyo reglamento entró en vigor en octubre del 2022.
Para el sector privado, en cambio, no existe una norma de rango legal que autorice o prohíba expresamente este tipo de pruebas, situación que ha generado incertidumbre en procesos de reclutamiento.
La Sala Segunda, máxima autoridad jurisdiccional en materia laboral, ha analizado casos concretos y estableció que el resultado de un polígrafo no es viable como justificación para medidas disciplinarias dentro de empresas privadas. Este precedente judicial marca una diferencia sustancial con la aplicación permitida para oficiales policiales, donde la ley contempla el examen como uno de los elementos a considerar en la toma de decisiones administrativas.