
El Ministerio Público analiza dejar de perseguir penalmente delitos menores, como robos o hurtos de montos entre 5.000 y 10.000 colones, debido a la crisis de recursos que afecta a las autoridades judiciales.
El fiscal general Carlos Díaz explicó que el costo de investigar y tramitar estos expedientes es más alto que el valor del objeto robado, representando un recargo económico.
La propuesta, que será discutida en el Consejo Fiscal y con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aplicaría "criterios de oportunidad" de manera más agresiva.
Otras medidas para afrontar la crisis incluyen limitar permisos sin goce salarial de funcionarios y racionalizar las sustituciones en vacaciones.