
Los expedientes sin resolver en la Sala Constitucional evidencian una creciente saturación del sistema judicial, donde la ausencia de magistrados suplentes ha dificultado la tramitación de casos vinculados a derechos fundamentales en Costa Rica.
Esta problemática surge en un contexto de vacantes que impiden completar la integración del tribunal, lo que retrasa la toma de decisiones.
Además, se ha identificado que 69 de los 86 expedientes con inhibitoria corresponden a recursos de amparo, lo que concentra aún más la carga procesal. Por otra parte, esta acumulación genera presión institucional y puede afectar la garantía de justicia pronta y efectiva para los ciudadanos.