
La exclusión social y las carencias económicas llevan a muchas mujeres a integrarse en estructuras criminales, especialmente en actividades vinculadas al narcotráfico, según el más reciente informe del Estado de la Nación.
El documento detalla que un tercio de las mujeres privadas de libertad cumple condena por delitos de drogas, una proporción que aumenta a casi dos tercios en el régimen semi-institucional.
Estas mujeres suelen tener responsabilidades de cuido de hijos y familiares, lo que incrementa la presión económica que es aprovechada por las redes delictivas.
Ante este panorama, las autoridades judiciales han propuesto oportunidades de justicia restaurativa para esta población, con la intención de que abandonen el mundo delictivo.