
El Organismo de Investigación Judicial desarticuló una organización familiar con base en San Vito de Coto Brus que estafó a conductores privados y de servicios express suplantando funcionarios de entidades públicas.
La investigación, iniciada en noviembre de 2024, logró la captura de al menos 8 personas –la mayoría de un mismo núcleo familiar– y vinculó a 27 individuos presuntamente responsables de despojar a las víctimas de más de 10 millones de colones.
Los estafadores contactaban a transportistas ofreciéndoles contratos ficticios de uno o dos meses para recoger y llevar mercancía, enviándoles depósitos falsos.
Un matrimonio sería el liderazgo de la estructura, coordinando transacciones bancarias según el OIJ, que realizó allanamientos en múltiples puntos del país.