
Los funcionarios públicos que exijan dinero aprovechando su cargo podrían enfrentar penas de 2 a 8 años de prisión por el delito de concusión, según explicó la abogada penalista Gabriela Arias.
Este delito, contemplado en el artículo 305 del código penal, protege tanto el patrimonio de la víctima como el deber de probidad en la función pública, a diferencia de la extorsión común. La extorsión, que cualquier persona puede cometer mediante intimidación, aumentó sus penas de 2 a 6 años hasta 4 a 8 años tras una reforma de 2012, mientras la concusión mantuvo su rango original sin modificarse.
Esta disparidad legal podría generar una situación paradójica donde un funcionario público enfrente una sanción potencialmente menor que un civil por conductas similares, algo que Arias señaló como una ventaja relativa para los servidores públicos.