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Un nuevo proyecto de ley permitiría que las juntas de educación y administrativas dejen de estar obligadas a comprar al Consejo Nacional de Producción (CNP) los alimentos para los comedores escolares. La medida busca que puedan elegir otros proveedores considerando precio, calidad y tiempos de entrega.
La propuesta se basa en una auditoría del MEP que registró 2.400 inconformidades durante el año pasado. Además, 12 de 23 productos analizados presentaban precios mayores en el CNP en comparación con otras opciones.
El proyecto no elimina a la institución como proveedor, sino que la obliga a competir en igualdad de condiciones. El objetivo es dar apertura a las entidades educativas para que tengan libertad de comprar a otro tipo de proveedores.