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La Cámara de Bancos e Instituciones Financieras interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero, la cual fue admitida por la Sala Cuarta para su análisis.
El gremio bancario cuestiona el trámite legislativo de la iniciativa y solicita que se declare la inconstitucionalidad total de la ley, suspendiendo sus efectos.
Uno de los cambios más relevantes de la normativa es que invierte la carga de la prueba, dejando como responsabilidad de los bancos demostrar que sus sistemas no fueron vulnerados.