
La agenda legislativa prioriza seguridad como eje central para el periodo constitucional 2026-2030, según las líneas definidas por las nuevas fracciones parlamentarias.
Este enfoque surge en un contexto donde distintas agrupaciones buscan responder a demandas ciudadanas vinculadas al orden público y la estabilidad social.
Además, se incluyen propuestas relacionadas con empleo, alianzas público-privadas, infraestructura y proyectos estratégicos como el desarrollo en Limón.