El Gobierno de la República dio plazo hasta el 20 de agosto para que los diputados presenten un nuevo texto sobre el proyecto de Ley Extinción de Dominio.
Dicho tema fue uno de los convocados por el Gobierno para el presente periodo de sesiones extraordinarias.
Cabe recordar que este proyecto busca que el Gobierno pueda adueñarse de bienes en poder de grupos dedicados al crimen organizado o al narcotráfico.
A solicitud de los legisladores, la idea es que en lugar de debatir el texto actual del expediente 19.571, sea analizado un texto sustitutivo, que varias fracciones legislativas están construyendo.
Agustín Castro, ministro interino de la Presidencia, dijo que la solicitud de desconvocatoria fue firmada por los diputados de la Comisión Especial que analiza el tema, donde se encuentran representadas las fracciones de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional e Integración Nacional.
“La desconvocatoria se hizo de común acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo ante una petición de la comisión que está estudiando ese proyecto. La comisión tiene un plazo predeterminado que está corriendo, entonces todavía se está negociando un texto de consenso que están construyendo entre todos los diputados, entonces ellos nos solicitaron un espacio para terminar de encontrar el consenso sobre ese texto”, indicó Castro.
El objetivo de Zapote es que, a principios de setiembre, el nuevo texto consensuado sea dictaminado y pase a votación.
El primer debate estaría para mediados de setiembre, confía Presidencia.
DUDAS
Una de las dudas, por la cual los legisladores quieren realizar cambios al texto original, tiene relación con que el proyecto tal y como está redactado abre la posibilidad para que las autoridades incauten bienes tras ser alertadas por una denuncia anónima.
“Con solo esa denuncia de que una persona consiguió sus bienes por dinero mal habido, se activa en la Fiscalía una división especializada de extinción de dominio e inician un proceso contra esa persona donde se invierte la carga de la prueba”, había advertido en julio el exdiputado, Otto Guevara.
Esa preocupación se encontraba ligada con una supuesta violación al principio de inocencia.
Otro de los puntos que los especialistas habían advertido es que no existe en el proyecto original un límite en los montos que se pueden perseguir.
Además, tampoco hay una prescripción en el tiempo y permitiría investigar muchos años atrás.
“Esto hace que una persona tenga que demostrar, si es denunciado, hasta por aquellos bienes que le fueron heredados. Se van incluso más allá de los 10 años de la prescripción decenal”, había agregado Guevara.
Otro cuestionamiento tenía relación en la administración de los bienes decomisados.
Por ejemplo, si se da una denuncia contra un hotel y se procede con la extinción de dominio, luego el Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD) debería nombrar un administrador para ese hotel porque debe hacerse cargo.