En la presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se escudan con que verificaron bajo todas las normativas la revisión del cartel que adjudicó la construcción de un tanque en Uruca, San José.
Este permiso provocó una serie de renuncias en la institución, entre ellas las de Beverly Hernández y María José Jiménez de los puestos de vicepresidenta y directora, respectivamente.
Ambas dirigentes se opusieron a la aprobación de la adjudicación del proyecto porque este no incluía penalidades ni multas sobre la empresa encargada de llevar a cabo la construcción.
“Yo personalmente verifiqué que tanto la parte técnica y legal dieran sus criterios para garantizar que el cartel contara con las garantías de cumplimiento, anticipo y calidad que permitan tener un respaldo administrativo para que la empresa desarrolle en tiempo y forma la obra de infraestructura”, expresó Alejandro Guillén, presidente ejecutivo del AyA.
Él se aferra a que desde la administración Alvarado Quesada el asunto de penalidades y multas se eliminó.
“Es importante mencionar que la eliminación de las cláusulas de multas y penalidades de los carteles de construcción no fue una decisión mía, fue un acuerdo de la junta directiva de la Administración del expresidente Alvarado Quesada en el año 2020.
Más bien desde el 28 de marzo del presente año, mediante el acuerdo 2023-91, se giró la instrucción de la incorporación de las multas y cláusulas penales en los pliegos de condiciones de todas las contrataciones de Acueductos y Alcantarillados, dejando sin efecto el acuerdo que había tomado la Administración anterior”, comentó.
Guillén advirtió que muchos podrían quedarse sin recibir el servicio de agua en caso de que no fuera aprobado el proyecto.
“En mi calidad de presidente ejecutivo recomendé a la Junta Directiva continuar con la adjudicación del contrato bajo el principio de eficiencia con el objetivo de mejorar el suministro de agua a la población de estos sectores, ya que, si se declaraba desierta, como recomendaron algunos miembros de junta directiva, se atrasaría el proceso de construcción del tanque por al menos tres años lo cual tendría una repercusión en la continuidad del servicio”, puntualizó.
Junto a los votos en contra de Hernández y Jiménez, otros dos miembros se opusieron a su adjudicación. Se trata de Krissia Coto y Alejandra Mora, quienes aún siguen en la directiva del AyA.
En una primera acta de la Junta, el cartel fue declarado como desierto, pero después recibió su aprobación.
Beverly Hernández en su carta de renuncia fue directa y dijo que la entidad atraviesa una crisis institucional por mala toma de decisiones y espera que a futuro mejore la situación.
Este nuevo proyecto en Uruca consiste en construir uno de los tanques más grandes en Costa Rica con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua en la zona oeste de la Gran Área Metropolitana.
“Un proyecto que mejorará el suministro de agua potable para más de 100.000 personas de los barrios del sur y la zona oeste de San José”, indicó el presidente ejecutivo del AyA.