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La reforma del Estado es un concepto que utilizan políticos y académicos, organizaciones sociales y la sociedad civil, el cual supone la necesidad del cambio en las instituciones políticas, sociales, económicas, jurídicas y culturales de un país de cara a modernizarse, pero no implica una ruptura del esquema tradicional.
En los últimos años, hemos escuchado hablar a los sindicatos, empresarios, diputados, agrupaciones políticas, politólogos, analistas internacionales y otros miembros de la sociedad costarricense, sobre la necesidad de reformar el Estado costarricense.
Hace apenas unos días, con bombos y platillos, el Gobierno de la República anunció la selección de 23 destacados personajes de la vida política nacional, quienes tendrán la importante tarea de gestionar un plan de reforma, sin embargo, sus designaciones comenzaron con el pie izquierdo y se ganaron más críticas que aceptaciones.
Entre los llamados para esta ardua labor, se encuentran Francisco Antonio Pacheco, exministro de Educación; Rodolfo Piza Rocafort, excandidato presidencial y actual ministro; Rolando Araya Monge, exdiputado y excandidato del PLN; Edna Camacho Mejía, ex viceministra, catedrática, economista y excandidata a vicepresidenta de la República; Abril Gordienko López, Vladimir de la Cruz de Lemos, Velia Govaere Vicarioli; Kevin Casas, ex vicepresidente de la República, y Roberto Salom Echeverría, además de la exmagistrada Ana Virginia Calzada.
Estas designaciones tienen a más de un sector descontento. El Grupo Coalición Costa Rica, que catapultó a Alvarado hasta el triunfo con una agresiva campaña en redes sociales, le pidió también al mandatario desconvocarlos, pero este se ha negado al día de hoy.
Y con sobrada razón se comprende la molestia, pues, en un tema tan controversial como el de las pensiones de lujo, el Gobierno insiste en la necesidad de recortarlas ante las enormes desigualdades existentes entre los trabajadores, pero nombra a cinco notables que se echan al bolsillo entre ¢4 millones y ¢10 millones al mes.
Ana Virginia Calzada impugnó el rebajo que se está aplicando a su jubilación ante la Sala Constitucional. En la actualidad, su privilegio es de ¢6,7 millones aproximadamente, y 12 magistrados más le siguieron en el proceso para evitar el recorte.
Nadie cuestiona el currículo de estas personas, que sin lugar a dudas dieron un aporte importante al país desde sus trincheras, pero mantener la defensa de su pensión cuando están en un grupo de reformas del Estado, y conociendo la actual crisis fiscal que atraviesa el país, es un conflicto de intereses, lo cual hace notar la incongruencia en el discurso que tiene el Gobierno.
Peor cuando quien lidera el proceso de estas comisiones es el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, pues su madre, la señora María del Carmen Rocafort, recibe la pensión heredada de quien en vida fuera su esposo, el magistrado Rodolfo Piza Escalante, por la suma de 5,3 millones mensuales.
Y no solo eso, también levanta roncha el nombramiento del ex vicepresidente Kevin Casas, ampliamente cuestionado por el famoso “memorándum del miedo” sobre el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos por allá del año 2007.
Tampoco se duda de su currículum, pero los cuestionamientos a su figura una década atrás ponen en entredicho la escogencia del Poder Ejecutivo. No es que la gente no merezca una segunda oportunidad, pero hay que tener claro que la treta planificada por Casas no puede borrarse de la conciencia colectiva de la noche a la mañana, menos cuando, haciendo uso del poder que ostentaba en el Gobierno, propuso amedrentar e intimidar.
La ciudadanía no es tonta, ni ciega, ni bruta, ya no come atolillo con el dedo y, cuando ve la famosa comisión de notables que tendrá por tarea proponer reformas urgentes, no entiende cómo el Presidente se da el tupé de designar personajes cuestionados o que tengan conflictos con el mismo Estado.
¿Qué pasa con el Gobierno de Carlos Alvarado? Una vez más no presta atención a esos detalles mínimos, pero claves, en el desarrollo de su Administración y que impactarían en cuestionamientos a la hora de tomar decisiones. Ya lo habíamos visto con los nombramientos en juntas directivas, y ahora con esto.
El Gobierno debe prestar total atención en sus elecciones, si bien no ha incurrido en faltas legales, ciertamente ha hecho designaciones que faltan a la moral, por ejemplo, nombrar un ministro y un viceministro primos hermanos, o una vicecanciller y una ministra que son tía y sobrina.
Qué raro el PAC, si desde sus orígenes ha despotricado sobre esas acciones en otras Administraciones, y su fundador Ottón Solís, el hombre que habló al oído de Alvarado en la campaña, fue el primero en afilar los cuchillos ante esas faltas éticas y condena tales conductas desde que existe memoria.
Costa Rica enfrenta un grave problema producto de la situación fiscal que mantiene en cuidados intensivos las finanzas públicas. Si no se corrige dicha situación, el panorama sería más caótico del que se plantea en este momento. Las reformas estructurales que deben hacerse al Estado son urgentes pues de lo contrario la factura resultará muy costosa a nivel social, político y económico.
Las señales que brinda el Gobierno son equivocadas, en el sentido de que los nombramientos realizados en esta Junta de Notables demuestran una vez más que no se tomaron el tiempo necesario para evaluar posiciones, criterios, expectativas, situaciones personales que podrían intervenir o alterar el resultado de dicho órgano. Pero parece que esta ha sido la tónica, pues hemos escuchado de jerarcas que los llamaron al celular, fueron entrevistados vía telefónica y así los designaron en puestos importantes, sin antes sostener reunión o encuentro formal alguno.
El presidente Carlos Alvarado debe prestar atención a esos detalles. La credibilidad de su Administración está en juego.