El expediente del caso Madre Patria pone sobre la mesa la necesidad de entrar a regular más prontamente el mercado de las criptomonedas, que viene operando por la libre.
Durante 2022 se empezaron a gestar acciones tendientes a ello, sin embargo, pasados dos años es poco lo que el país ha avanzado en este sentido, y el intento por mover 11,8 millones de euros en bitcoins lo demuestra.
No por eso queremos decir que el tema deba satanizarse, pero es real que hoy comprende un mercado donde cada participante asume el riesgo de incurrir en estas transacciones.
En Costa Rica, los criptoactivos se mueven por oferta y demanda. Hoy hay quienes los utilizan como medio de pago, sin embargo, a diferencia de otros países, aquí no hay ningún control.
El rápido avance de la tecnología y los nuevos mecanismos del crimen organizado nos obligan como sociedad a emprender acciones para contemplar otras formas de ilícito.
Para nadie es un secreto que bien pueden utilizarse para la legitimación de capitales, sin referirnos a ninguna situación en específico. Esto llama a las autoridades de regulación financiera y judiciales a modernizarse.
La intención no es que la actividad desaparezca, ni mucho menos que apliquen medidas en detrimento de la industria, se pretende únicamente que existan reglas claras.
Esto daría seguridad a los inversionistas, al igual que tranquilidad para quienes participan en el mercado de compra y venta de activos con miras a evitar que se propicien estafas.
Hace un par de años, la Unión Europea anunció formas para rastrear las transferencias con criptomonedas y es justo lo que aquí se necesita, porque, como dicen: “El que nada debe nada teme”.
Nos estamos quedando atrás y esto incluso nos resta puntos desde el punto de vista de competitividad y de combate a las nuevas formas del cibercrimen.
Actualmente, muchas personas son capaces de crear una identidad digital falsa, por lo que no es posible saber si son quienes dicen ser, y eso lo aprovechan para delinquir. De este modo, muchas criptomonedas pueden viajar en el anonimato.
Hace dos años, ya se habían hecho intentos por establecer algún tipo de regulación, pero ha llevado un camino tortuoso, como tantas otras iniciativas en la Asamblea Legislativa.
No olvidemos que el expediente Madre Patria cita que fueron las autoridades españolas las que alertan al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de lo que estaba pasando. Si no, es posible que los bitcoins siguieran su curso.
Debemos procurar la integridad financiera, que sirve para proteger a los consumidores y al mismo mercado. No podemos, ni debemos seguir a ciegas.
Las criptomonedas llegaron para quedarse, y hay que aprender a convivir con ellas, de manera en que nadie deba verse expuesto, ni quedemos en entredicho como economía por no poner orden en el mercado.