Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
En los últimos días como ya se ha vuelto casi que rutinario, nuevamente los ojos de la prensa y la sociedad costarricense, se han detenido con gran asombro hacia el sistema penitenciario nacional, pero más hacia las personas que ahí laboran día a día de manera tesonera, silenciosa y casi en el anonimato ante una sociedad democrática como la nuestra, donde el trabajo que se realiza en los centros penitenciarios, es un servicio público especializado, dirigido por la autoridades civiles, personal formado y capacitado para el cumplimiento de su misión resocializadora, con el objetivo de contribuir al bienestar público y a la seguridad ciudadana que cada día debe lidiar con el flagelo de la criminalidad ante el auge que continúa teniendo al carecer en este momento de políticas criminales claras para contrarrestarla.
El trabajo en las prisiones es muy exigente y desgastante, en tanto implica trabajar con personas privadas de libertad que han trasgredido la norma social y penal, sin dejar de lado algunos familiares o algunas amistades de estas, quienes muchas veces se tornan irrespetuosas, agresoras y demandantes, coadyuvando de esta manera, a que el proceso de reinserción social de la persona recluida sea más complicado de lo esperado a causa de sus acciones, como por ejemplo el intentar introducir drogas, teléfonos celulares, munición entre otras cosas prohibidas por reglamento y por ley; por lo que al hacer cumplir lo establecido en la norma, afloran los problemas y con ellos las acciones de legalidad emanadas de distintas instancias, por el solo hecho de hacer cumplir lo que se le encomienda a quienes laboran en las prisiones, en donde el “pobrecito” sin duda es el que provoca no quien hace cumplir las normas de una manera racional garantizando derechos fundamentales, sin embargo y al tenor de lo anterior, es quien queda desamparado y sin derecho a defensa, es quien queda señalado con dedo inquisidor.
Pero la pregunta sigue sobre el tapete, pues es muy fácil desde un escritorio o puesto determinado señalar las deficiencias y responsabilidades de quienes hacen grande la labor penitenciaria y cumplen a cabalidad con lo encomendado, pues cuando se tiene conocimiento de la realidad que ahí se vive, la concepción es diferente. Es por esto que las muchas personas o entidades que pretenden empañar la imagen del personal penitenciario, deberían asumir una posición filosófica y sociológica de Otredad y dejarse percibir o caer en la cuenta de que vive separado de los demás; de que existe aquel que no es él; de que están los otros y de que hay algo más allá de lo que él percibe o imagina.
La respuesta parece ser clara y creo que todos coincidimos en ella, nadie, en este mundo, donde los funcionarios son el final de la escalera, no podemos esperar que por parte de la administración se defienda a su base, mucho menos por aquellos otros entes que cada día crecen con el aporte del personal penitenciario y ante la lucha constante de estos, voltean su mirada al vacío. Está claro que somos el final de la escalera y parece que nuestro destino es siempre el mismo, ser pisoteado por quienes pretenden el poder.
Es igual como cuando la persona reclusa suelta todo tipo de improperios, excremento, orina, flemas, agresiones, mentiras y falsedades contra quienes le sirven profesional y humanitariamente en prisión, que más le da, somos simplemente números que al parecer ni sienten ni padecen, en todo caso y si les conviene por alguna razón, esencialmente política o por dar una imagen concreta ante los medios de comunicación, arremeterán como búfalos contra el funcionario de a pie, machacándole, corneándole sin piedad, sin molestarse en investigar o preguntar qué es lo que en realidad ocurrió.
A nadie le interesa contar la realidad de estos seres humanos que también tienen derecho y deberes a como lo tienen las personas privadas de libertad, no es noticia que un funcionario sea agredido -como lo escuché una vez- “es su trabajo”, y eso no es cierto, sabemos perfectamente dónde trabajamos y con qué material humano nos jugamos los frijoles, pero también es verdad que es obligación dotarlos de formación, medios y legislación coherente para desarrollar un trabajo que efectivamente rime con los derechos humanos en todo el sentido de la palabra y evitar se propaguen comentarios a veces muy duros a como lo señalaba un funcionario: “Somos a ojos de todo el mundo corruptos, traficantes, torturadores, sin formación de ningún tipo y encima sádicos. Disfrutamos de abusar de nuestro \”poder\” aplicándolo arbitrariamente a las pobres víctimas de la sociedad que son los inocentes delincuentes, perdón, quería decir internos”.
Desde el punto de vista criminológico y recabando criterios muy diversos del personal penitenciario, esta misión a la que se enfrentan reviste de especial relevancia, ya que se requiere capacidad física y mental para lograr el equilibrio perfecto entre la aplicación del principio de autoridad que debe regir en los centros penitenciarios y la garantía de los derechos humanos, si analizamos que responder a actos de violencia verbal y físico con la ecuanimidad y el profesionalismo que se asume, es un reto al que se enfrentan estos seres humanos que hacen grande el sistema penitenciario nacional a pesar de las limitaciones y atropellos a que están sometidos muchas veces.
*Criminólogo Forense y Derechos Humanos