La Sala IV declaró INCONSTITUCIONAL la Ley Jaguar. Eso lo sabíamos todos los y las abogados que, en algún momento de nuestras vidas, aprobamos el curso de Derecho Constitucional y quienes hemos ejercido funciones de Estado.
Extrañamente, menos el presidente de la República, sus dos ministras de la Presidencia, una diputada periodista jefa del oficialismo, su marido y tres asesores presidenciales en el proyecto de ley que, ellos sí, se graduaron de abogados alguna vez y hasta en la Facultad de Derecho de la UCR y que, en el pasado, uno fue varias veces diputado y los otros dos hasta ministros de Estado y se supone, digo yo, ingenuamente, que alguito sabrán de DERECHO.
¡Todo esto es increíble pero cierto! Pasará a ser parte del Anecdotario Nacional, por la negación desde el “poder político” y al más alto nivel del Estado, en la propia Casa Presidencial y el Ministerio de la Presidencia, de algunos principios básicos y elementales de lo que es la jerarquía de las normas y el Estado Constitucional de Derecho, como principio central, fundamental y medular de nuestro sistema de vida en libertad y democracia.
Bien decía don Ricardo Jiménez, tres veces presidente de la República y presidente de la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, Benemérito de la Patria por 1.000 razones: “SOLO HAY DOS MANERAS DE GOBERNAR: CON LA LEY O CONTRA LA LEY”.
Eso es Costa Rica y no un país imaginario. No me voy a referir a la última Semana Guanacasteca y a la gira presidencial, en que las efemérides extraordinarias y simbólicas de los 200 años de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica debieron ser celebradas, patrióticamente, al nivel de los 200 años de la Independencia Nacional y no transformadas, como lo fueron, en un campo de guerra política estéril contra nuestro Estado Constitucional de Derecho. Ese hecho queda también para el Anecdotario Nacional.
Me limito a preguntar: Y ahora… ¿qué?
Porque, lo que estuvo siempre en consulta facultativa del TSE no fue la constitucionalidad de la figura del REFERENDO, ni la conveniencia nacional de la construcción de la Ciudad Gobierno y la Marina de Limón, sino las absolutas inconstitucionalidades de la Ley Jaguar y las facultades constitucionales de la Contraloría General de la República.
Sigamos de BUENA FE para adelante con esos dos importantes proyectos para Costa Rica, dentro de la Ley General de Administración Pública y los límites de la contratación pública, mediante licitaciones competitivas, abiertas y transparentes, sujetas a condiciones de calidad y precio, como debe ser.
Dentro de la ley, no a dedo y al arbitrio de los gobernantes, sean quienes sean. En ese espíritu, estudiaremos el nuevo texto de Ley Jaguar.
¿Y usted qué opina?