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Aunque se han mejorado algunas condiciones y hay una menor conflictividad social, Costa Rica sigue sin enfrentar, por el fondo, los grandes desafíos económicos, políticos, fiscales y ambientales que lo acechan. Esta es una de las conclusiones expuestas en la nueva entrega del Vigesimosegundo Informe Estado de la Nación, un esfuerzo que analiza ampliamente, el país que tenemos a partir de los resultados de una serie de indicadores sobre el panorama costarricense.
Armonía con la Naturaleza: Este aporte hace especial referencia al capítulo del informe titulado Armonía con la Naturaleza. Se examinan objetivamente los avances y retrocesos que Costa Rica ha dado en materia de la gestión ambiental. El punto de partida es la urgencia de cambiar de lente para comprender que la deuda, del equilibrio ecológico del país, responde a un prolongado problema estructural debido a la insostenibilidad de los patrones de uso del territorio (mares, costas, bosques, montañas, urbes). A pesar de que el país dispone de un amplio marco normativo, para la correcta gestión, hay rezagos importantes en su ordenamiento. Veamos algunos ejemplos, el modelo urbano metropolitano está ecológicamente colapsado y con serias afectaciones sobre la calidad de vida de la población debido a la alta contaminación del aire y del agua. Siguen persistiendo formas de producción que dan poca importancia a los criterios ambientales, lo que confirma el limitado uso de prácticas sostenibles en la agricultura. Aunque se logró un aumento en la cobertura de sistemas de tratamiento de aguas residuales (de un 3,6% a un 4,2% de la población), paradójicamente hay una alarmante vulnerabilidad por la contaminación y débil protección de fuentes hídricas. Conclusión, existen cuellos de botella funcionales y una plétora de rezagos operativos que inciden negativamente en la correcta identificación, evaluación, control y seguimiento efectivo de los impactos ambientales.
¿Qué podemos decir del 2015? Del informe se extrae que no hubo cambios significativos en el balance del desempeño ambiental de Costa Rica, porque siguen las fuertes presiones e impactos sobre los recursos naturales del territorio. Aunque podemos presumir que el país tiene una amplia normativa y abasto de herramientas legales, hay notables debilidades en la prevención y evaluación adecuada de los efectos de las actividades humanas. Tampoco hay capacidad de fiscalización ni tutela de los aspectos más sustantivos de la gestión ambiental, parece que la alta producción de normas legales viaja en dirección contraria a la aprobación de leyes sustantivas que se requieren para saldar deudas ecológicas importantes, el ejemplo más claro es la aún ausente Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (expediente 17.742). Es así que ante los problemas ambientales seguimos siendo solo reactivos frente a emergencias, carecemos de capacidades para anticipar y ejecutar tareas sustantivas de prevención y fiscalización de impactos. El informe es contundente, si no se otorga a la sostenibilidad ambiental un lugar prioritario en la agenda del desarrollo humano, lo esperable es una profundización del deterioro e incremento de efectos acumulativos. Conclusión: Es más fácil seguir con el discurso político del desarrollo sostenible que consolidar acciones para conseguirlo.
Las contradicciones son el común denominador: El informe señala que no se puede evaluar la gestión del riesgo ante desastres ambientales en el ordenamiento del territorio, ni en los patrones de uso de los recursos naturales y tampoco por la protección de ecosistemas. Tampoco hay instrumentos financieros adecuados, ni recursos propios suficientes para reducir la vulnerabilidad. En materia de cambio climático el escenario es de retroceso, no se cuenta con información suficiente para conocer el impacto real de las acciones que se realizan a nivel nacional, ni de los compromisos adquiridos en el ámbito internacional. ¿De qué vale que en el 2015 se pusieran en marcha seis instrumentos que buscan reducir la vulnerabilidad y alcanzar una economía baja en carbono, si el informe es claro en señalar que actualmente los esfuerzos desplegados para encarar el cambio climático son insuficientes para la magnitud de los retos y por el rezago en asumir los verdaderos desafíos que implica la adaptación? Seguimos siendo luz afuera y oscuridad en la casa, porque, aun cuando firmamos el Acuerdo de París y nos comprometimos a realizar acciones voluntarias para mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 C°, no hay claridad en el acompañamiento de un sistema de medición y seguimiento, ni tampoco de estrategias ni acciones para la implementación de las medidas que se requieren. Toda esta incoherencia encuentra explicación en la incapacidad de la institucionalidad ambiental. Es paradójico que aun cuando hay abundante normativa, múltiples competencias y valiosos instrumentos, se falla en comprender los desafíos para reducir los impactos y hacer sostenible el uso del territorio y los recursos naturales. Conclusión, pregonamos un discurso añejo que es un espejismo ambiental.
Agua y energía: entre lo ambiental y lo político, ¿quién pierde?: El XXII informe concluye que no hay voluntad política, hay corrupción y conflictos entre diversos actores, en consecuencia, menor posibilidad para minimizar o revertir los impactos ambientales. Un claro reflejo de esta dicotomía es el uso de la energía y su impacto en la deuda ecológica. Mientras que internacionalmente somos reconocidos por consolidar una matriz eléctrica casi 100% renovable, el sector transporte se mueve en dirección contraria. Hay un incremento de 6,5 % en el parque automotor y una cifra récord de 1.489.699 unidades, con un peso mayoritario de los vehículos particulares y de carga liviana. Aumentaron las emisiones de CO2, a un 54%, y la contaminación del aire por liberación de monóxido de carbono. Se requiere impulsar incentivos para el ahorro de energía, estimular la importación de equipos eficientes, actualizar las regulaciones técnicas, articular esfuerzos para financiar programas de administración de energía a nivel industrial, así como programas de educación sobre eficiencia y ahorro energético. El otro caso es el agua, recurso cuya sostenibilidad depende del equilibrio ambiental. Los efectos de la variabilidad y el cambio climático acentúan la necesidad de mejorar la gestión, generar información precisa, dar continuidad a los logros en acceso por parte de la población, y afrontar las deudas en materia de protección de fuentes, contaminación, aguas residuales y vulnerabilidad. Sin embargo, el rezago en infraestructura y tecnologías, para el tratamiento de aguas residuales, se traduce en una constante y creciente degradación de los cuerpos de agua superficiales. Conclusión, seguimos siendo ineficientes en la administración del agua y la energía.
Finalmente: De la interpretación de los hallazgos del capítulo, nos desviamos de los principios del desarrollo humano sostenible, hay un cáncer en la gestión efectiva de lo ambiental, la huella de carbono mantuvo una marcada tendencia creciente, no hubo modificaciones sustantivas en el sistema de transporte público o privado, ni políticas que transformaran los patrones de uso de vehículo. Seguimos construyendo una sociedad ecológicamente hipócrita, con más discursos vacíos y menos acciones concretas. Las leyes, decretos, directrices fluyen como ríos, pero hay atasco en la producción de normas importantes que nos catapulten hacia los nuevos paradigmas que requiere el uso integral y sostenible de los recursos hídricos, la energía, el cambio climático, el transporte eléctrico o la consolidación de las áreas silvestres protegidas, solo por mencionar algunos ejemplos.
Nadamos en recurrentes duplicidades legales y poca o nula voluntad política para apoyar una verdadera agenda sostenible. El rostro ambiental de Costa Rica tiene defectos, lo hecho no alcanza para resolver los viejos desafíos y mucho menos para encarar los nuevos retos que requiere el liderazgo en conservación y desarrollo sostenible que supuestamente ostentamos.
*Profesor universitario e investigador