La Asamblea Legislativa aprobó de forma definitiva el proyecto de vuelos baratos entre Costa Rica, Centroamérica y República Dominicana.
La iniciativa, planteada por Eliécer Feinzaig, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), señala que la tarifa de ida y vuelta en la región no podrá superar los $100 (¢51.100 al tipo de cambio actual), mientras que el valor del tiquete sin contemplar el regreso será de $50 (¢25.500).
En el caso de República Dominicana, el costo sube a $120 (¢61.320) y $60 (¢30.700), si solo es de ida.
El texto establece que dicho importe se refiere al precio del asiento, que incluye un objeto personal que quepa debajo de este, sin considerar otros servicios. El impuesto máximo que se podría cobrar por tiquete sería de $23 (¢11.755).
“Es un proyecto de ley que busca abrirle oportunidades a las pymes costarricenses en territorio centroamericano (…), que un agente de ventas se vaya con una mudada y pueda regresar en un par de días. Lo mismo para una familia que parta con una mochilita por un fin de semana para visitar a su mamá y allegados”, externó Feinzaig.
Previo a la aprobación de la propuesta, el liberal comentó que el Gobierno “presionó a alcaldes y cámaras empresariales” para que rechacen el expediente de ley.
“Beneficiará a las empresas de servicios. Tenemos que acercarnos al mercado centroamericano y esto permitirá desarrollar proyectos principalmente para los costarricenses. Me alegro de que este texto haya sido consultado ante Sala Constitucional y no se hayan encontrado vicios”, secundó Luz Mary Alpízar, legisladora del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Mientras que la oficialista Pilar Cisneros apuntó que dicha medida dañará el turismo y los emprendimientos locales. “Se afectará a las pymes. ¿Para qué quieren abaratar más los pasajes a Centroamérica? Para que la gente se vaya a otros países en vez de vacacionar aquí en Limón o Puntarenas. Las grandes perjudicadas van a ser las pequeñas empresas turísticas (…)”, enfatizó.
“Lo que quiere es beneficiar a ciertas compañías, existe un riesgo para el turismo local e incidirá a nivel económico aquí en Costa Rica”, añadió Daniel Vargas.
El documento indica que el Poder Ejecutivo contará con un plazo de seis meses para aprobar y poner en vigencia la norma. No obstante, Casa Presidencial ha señalado abiertamente que no respalda la propuesta por lo que se espera un eventual veto.