El 2020 quedó atrás y empezamos el 2021 con inquietantes legados en los campos económico, social, salud que, particularmente, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tendrán que enfrentar con absoluta objetividad y responsabilidad patriótica en sus decisiones y relaciones, como componentes decisorios de nuestro Estado, en materia de políticas públicas, a efecto de que el país supere la gravísima y angustiosa crisis que hemos vivido en 2020.
El 2021, un año preelectoral, será escenario de profusas opiniones y posiciones características de una campaña política y sus protagonistas, los partidos políticos, precandidatos y candidatos presidenciales y a las diputaciones. Sin faltar analistas y articulistas. Unos invitarán, estimularán a los electores a participar en laS elecciones nacionales, con propósito de fortalecer la participación ciudadana y, con ello, nuestra democracia. Otros insistirán en el descrédito de los partidos participantes en la contienda electoral, de políticos y de nuestro sistema de elección de autoridades de gobierno y de los representantes a la Asamblea Legislativa. Por supuesto, los habrá, con razones de sobra, que se empeñarán en señalar, una y otra vez, el desastre de “gobiernos” que hemos tenido con el PAC en sus dos administraciones.
Lo cierto es que Costa Rica está urgida de superar, sin demora, el déficit de gobernabilidad, causante de violación de derechos fundamentales, de conflictos, desacuerdos, manifestaciones y actos de violencia; para así enfrentar, exitosamente y sin pausa, los alarmantes indicadores económicos y sociales que han golpeado, de manera cotidiana y fuertemente, la vida nacional y que son harto conocidos, ya que han sido temas centrales de analistas, politólogos y articulistas.
Costa Rica necesita gobernantes, líderes, lideresas y dirigentes que propicien y fortalezcan valores familiares, sociales, culturales, históricos, morales y ecológicos propios del bienestar comunitario y general, de una sociedad libre, fraterna, solidaria, justa, pacífica, inclusiva y equitativa. Todo lo cual también toca, con premura y precisión, las puertas y oficinas de los gobiernos locales, las instituciones públicas, las sociedades intermedias con su grado de autonomía y existencia propia con respeto al Estado y la ciudadanía. Se trata de una saludable construcción social y moral de bienestar y progreso de todos para todos. Actuar diferente es beneficiar a grupos con capacidad de ejercer presión política en claro perjuicio del insustituible bien común. Es cometer una grave injusticia social y generar mayores desigualdades de las existentes.
Sin duda la ingobernabilidad del recién pasado y actual gobierno, al no alcanzar, por impericia e impreparación, un justo balance entre las demandas sociales y las decisiones de gobierno -amén de la inestabilidad y falta de identidad y coherencia en el gabinete- ha generado reacciones, escasamente, vividas años atrás con tanto desacuerdo sociopolítico, contradicciones, excusas y errores en las alturas, renuncias de jerarcas y violencia.
Los costarricenses tendremos que asumir con vocación democrática, responsabilidad social y patriotismo el gran reto de participar, consciente y activamente, en las próximas elecciones nacionales, cada quien con sus propias convicciones, preferencia e interés; empero todos buscando lo mejor para la Nación, en el marco de nuestras mejores tradiciones costarricenses, valores y prácticas políticas, orientadas a construir el bien común, en un entorno de paz, libertad, democracia, justicia, entendimiento, concordia, diálogo y solución pacífica de apremiantes necesidades colectivas, conflictos y diferencias. No hacerlo es dejar el sagrado derecho de elegir a nuestros gobernantes en manos, cabezas e intereses de otros, no siempre conformes con el sistema político costarricenses, amenazado por corrientes ideológicas alejadas de nuestra idiosincrasia e historia patria.