En los últimos años hemos visto noticias que aún seguimos analizando para entenderlas porque continúan las contradicciones.
Primero el gobierno quiere igualdad en el pueblo y más equidad económica, pero en los últimos doce años más bien vemos un creciente aumento de la desigualdad social.
Quieren ayudar, pero nos hunden con más desempleo e impuestos, sin dejar de lado los créditos que los últimos gobiernos han tramitado, haciendo que la inflación se dispare y el costo de vida se vaya a las nubes.
Además siempre salen con un cuento diferente en la pantalla chica, en sus páginas web y redes sociales al cacarear “Estamos trabajando para una mayor igualdad económica”, pero enseguida nos recetan aumentos en combustibles, alimentos, trasporte y otros rubros.
Dizque quieren ayudar y en plena pandemia, en lugar de otorgar préstamos a microempresarios para reactivar la economía, dieron facilidades para ir a turistear y hundir más al ciudadano.
Entregaron el bono Proteger, beneficio que recibieron hasta los muertos y gente con dinero. Ahora las ministras involucradas se quitan el tiro y echan la culpa al sistema informático, pero nadie asume la millonaria pérdida para el país porque como no es dinero de su bolsillo, entonces no importa y dejemos que prescriba el asunto.
Vemos que en el caso Cochinilla encierran a los empresarios involucrados en el escándalo, pero no a los empleados públicos que aceptaron las dádivas, quienes permanecen en sus casas y las leyes para arrestarlos son letra muerta. Prisión, aunque sea solo preventiva, existe solamente para el empresario. Igual de culpable es quien entrega la mordida como quien la recibe.
El presidente Carlos Alvarado y el ministro Rodolfo Méndez en diciembre de 2019 prometieron asfaltar la carretera Acosta-Parrita, pero destinaron los recursos a las rotondas Garantías Sociales y La Bandera, cuyas obras avanzan lentamente.
Los proyectos viales en las autopistas General Cañas y Bernardo Soto, así como en Uruca, por mencionar algunos, aún no concluyen, ocasionando un caos vial entre las provincias y la capital.
Es obvio que no quieran terminarlos antes para utilizarlos en campaña política. Es decir, no importa el caos vial que generan porque el fin es político y el fin justifica los medios.
Ayer nos enteramos por medio del chat de Casa Presidencial que Costa Rica donó víveres y agua embotellada a Haití, país que enfrenta una calamidad a causa del terremoto del 14 de agosto, pero días atrás informaron que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias no tenía presupuesto para enfrentar otra emergencia climática. ¿Hay o no hay recursos? ¿Por qué para donar sí hay?
Cuando uno hace un recorrido por las zonas afectadas por los huracanes Nate y Otto, los propios habitantes de esas zonas dicen que las autoridades no terminaron de hacerles las calles o nunca terminaron lo que les ofrecieron.
Hace poco comunidades del Caribe y Turrialba resultaron afectadas por las intensas precipitaciones y no vimos al gobierno corriendo para atender la emergencia, sino más bien a las municipalidades y empresarios privados prestando maquinaria para remover el material de los deslaves, con el fin de habilitar el paso.
El dinero que dicen podemos utilizar y ponen a disposición para nos endeudemos lo absorbe la propia banca pública en bonos del gobierno, o sea nunca llega a las calles. Entonces ¿de cuál reactivación económica hablan?
¿Será intencional que las calles no estén en buenas condiciones o terminadas para que el tren eléctrico, capricho de la primera dama, sea una realidad? También ese proyecto lo cuestionamos.
Esta es solo una pincelada de las situaciones irregulares que sucedieron o están sucediendo a nuestras espaldas.