Por topes máximos a compras con tarjetas emitidas fuera del país
Visa y Mastercard, que juntas controlan el 90% del mercado mundial de los pagos con tarjetas, presentaron una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
La razón de la denuncia es el tope máximo que impone la máxima institución financiera a los cobros por cada operación que se realice con los plásticos que ambas emiten.
Los gigantes mundiales solicitan a los tribunales nacionales suspender todos los reglamentos del sistema de pagos, entre ellos el que permite al banco establecer el tope a dichas comisiones.
Las multinacionales de servicios financieros están molestas porque la Ley 9831 autoriza al ente emisor a estimar el tope máximo que dichas empresas pueden cobrar por esas operaciones financieras.
Así lo informó Ana María Cerdas, funcionaria de la División de Sistemas de Pago del Banco Central, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos.
En estos momentos en la corriente legislativa se estudian dos iniciativas que dejarían por la libre a Mastercard y Visa para definir cuánto cobrar por dichas comisiones.
Ante los legisladores de la comisión antes mencionada, Róger Madrigal, presidente de la junta directiva del BCCR, comentó que debido a la alta concentración del mercado eso significaría un incremento en los costos para las personas cuando realicen compras en los comercios.
DEFIENDEN PROYECTO EN ASAMBLEA LEGISLATIVA
Visa y Mastercard defendieron los dos proyectos de ley presentados en la corriente legislativa que pretenden eliminar el cobro máximo que realizan a los comercios cuando el plástico se emite en el exterior.
Estas compañías dieron su criterio principalmente al proyecto 24.026 de la socialcristiana María Daniela Rojas.
Luis Diego Oreamuno, director de Government Engagement de Visa, explicó que un proceso de pago por tarjeta requiere cuatro pasos. Cuando este se realiza con una tarjeta emitida fuera de Costa Rica, solo el último se hace en territorio nacional.
Por esta razón las multinacionales consideran que el país podría estar extralimitándose al establecer el máximo que pueden cobrar por las operaciones.
DIPUTADA CUESTIONA ACCIONAR DE EMPRESAS
La diputada Sofía Guillén preguntó a los representantes de los emisores de tarjetas si participaron en la elaboración de las iniciativas de ley.
Oreamuno rechazó que eso ocurriera, pero manifestó que sí enviaron insumos a los legisladores para la discusión cuando fueron consultados.
La frenteamplista cuestionó que días antes de que se presentara el proyecto a la corriente legislativa, Visa y Mastercard enviaron una carta al ente emisor con los mismos argumentos que explicaron en una de las propuestas de ley.
También cuestionó que las casas matrices de las compañías tendrían normas éticas para evitar la participación conjunta con la competencia para estos temas.
Guillén finalizó al decir que podría existir algún tipo de colusión (pacto para dañar a terceros) en las multinacionales de servicios financieros.