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El Ministerio Público reportó una disminución significativa de los homicidios en Guanacaste durante el último año. Mientras en 2023 se registraron 101 víctimas, en 2024 la cifra descendió a 63, lo que representa una reducción de casi un 40%.
De acuerdo con el informe de rendición de cuentas de las fiscalías de la provincia, la baja se logró gracias a la rápida acción investigativa, el fortalecimiento de la coordinación con cuerpos policiales y la designación de fiscales especializados en delitos de drogas.
Sin embargo, las autoridades advirtieron que gran parte de los crímenes aún están vinculados con ajustes de cuentas, disputas territoriales y enfrentamientos entre estructuras ligadas al narcotráfico.
El Ministerio Público señaló que las transformaciones sociales y geográficas de la provincia marcada por el crecimiento poblacional, la expansión turística y la movilidad de grupos criminales han convertido a Guanacaste en una zona atractiva para redes dedicadas al tráfico de drogas, el sicariato y la legitimación de capitales.
A estos fenómenos se suman nuevas formas de delincuencia, como fraudes informáticos y sustracción de propiedades a nivel registral, que reflejan una dinámica delictiva más compleja.
En paralelo, las fiscalías de Liberia, Cañas y Santa Cruz impulsan acciones preventivas mediante charlas en colegios, jornadas sobre violencia doméstica y acercamientos con gobiernos locales y organizaciones comunales.
El informe también destaca avances en infraestructura judicial, como la apertura de una nueva oficina del OIJ en La Cruz y el diseño del edificio que albergará los tribunales de Cañas.
No obstante, persisten limitaciones de personal en fiscalías con alta carga de delitos graves y crimen organizado.
En su rendición de cuentas 2025, el Ministerio Público reiteró su compromiso de mejorar la gestión judicial, con metas de resolución del 58% al 65% de los casos pendientes durante este año.
Pese a la disminución de homicidios, las autoridades advirtieron que la violencia ligada al narcotráfico continúa afectando comunidades costeras como Tamarindo, Nosara y Sámara.
Por ello, insistieron en la necesidad de reforzar la cooperación internacional y las estrategias preventivas para evitar que jóvenes vulnerables sean reclutados por estas estructuras criminales.