Violaciones laborales no anulan permisos a autobuseros

Una resolución del Consejo de Transporte Público (CTP), tras la queja contra una empresa concesionaria por incumplimiento de garantías laborales, encendió las alarmas porque la respuesta de ese ente gubernamental fue que eso no es causal para anular la concesión y que estos asuntos no se analizan al momento de otorgar los permisos.

“No existen como causales de caducidad de la concesión de rutas de autobús, el incumplimiento de las normas laborales y de protección sindical, ni en el contrato de concesión ni en la Ley 3.503”, se lee en la resolución.

Ante esta situación DIARIO EXTRA consultó a la institución para verificar si esto se aplicaba para todos o fue para el caso específico y la respuesta es que así lo establece ley.

“No, esa situación debe de solventarla en sede administrativa en el Ministerio de Trabajo”, respondieron mediante la oficina de prensa.

Pero como si esto fuera poco, informaron que no solo no es causal para anular el contrato sino que tampoco es un impedimento para la renovación una vez que este se dé por vencido.

“Inclusive tampoco se ha establecido en el pasado como requisito de renovación de las concesiones de ruta de autobús, la verificación de las condiciones laborales en las que los concesionarios operan”, agrega la resolución.

Es decir, las empresas de autobuses prácticamente pueden hacer lo que quieran en materia laboral sin que el CTP haga nada, ni signifique ningún riesgo de perder la concesión.

Ante esto Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aseguró que es inaceptable una respuesta de ese tipo por parte de un ente gubernamental.

“El Estado no puede desentenderse de las obligaciones patronales, como seguros de riesgo de trabajo, de libertad sindical, salud ocupacional, entonces el CTP no puede lavarse las manos”, sentenció.

Incluso dijo que en los próximos contratos que se vayan a renovar o establecer se debe incluir toda esta materia “porque no se vale decir ‘eso a mí no me toca’. Están obligados porque es algo fundamental”.

Vargas alertó que una situación así pone en riesgo la seguridad laboral del país y de los pasajeros, los choferes y hasta transeúntes.