Videos virales permiten a Fiscalía investigar delitos sin denuncia

Los videos que circulan en redes sociales y muestran posibles hechos delictivos pueden convertirse en elementos de prueba para que el Ministerio Público inicie investigaciones, identifique sospechosos e incluso presente acusaciones ante los tribunales de justicia.

Así lo explicó Fernando Arguedas, fiscal adjunto de la Fiscalía de San Ramón, durante el programa Voces MP, donde detalló cómo las autoridades judiciales aprovechan el contenido digital para esclarecer delitos.

Según el funcionario, las grabaciones que se viralizan pueden permitir a la Fiscalía actuar de oficio, es decir, iniciar una investigación sin necesidad de que exista una denuncia formal.

“Con el auge de las redes sociales, muchas veces somos testigos de cómo se cuelgan en estas redes sociales videos que pueden contener el desarrollo de un delito”, explicó Arguedas.

Entre los hechos que pueden investigarse mediante este tipo de material mencionó agresiones físicas, daños a vehículos, maltrato animal, acoso sexual callejero y posibles actuaciones irregulares de funcionarios públicos.

Sin embargo, aclaró que no todas las publicaciones constituyen pruebas suficientes para presentar una acusación, pues primero deben verificarse las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Acusación en menos de 24 horas

Como ejemplo, Arguedas recordó un caso ocurrido en San Ramón, donde se viralizó un video en el que se observaba a un hombre golpeando un vehículo en el que viajaban una mujer y su hija.

La publicación permitió que las autoridades conocieran lo sucedido y comenzaran las diligencias para localizar a las afectadas, identificar al sospechoso y determinar los daños ocasionados.

La rápida intervención de la Fiscalía y la Policía Judicial permitió reunir las declaraciones de las víctimas y los testigos, asegurar la grabación e inspeccionar el automóvil.

Además, se ordenó la detención del sospechoso, lo que facilitó que la Fiscalía presentara una acusación por los presuntos delitos de daños y amenazas en menos de 24 horas.

“Se logró también su detención en un plazo muy corto y con ello la fiscal a cargo del caso formuló la acusación fiscal en un tiempo que consideramos récord”, destacó Arguedas.

El expediente fue remitido al Juzgado Penal para continuar con el trámite correspondiente y solicitar que el acusado enfrente un juicio.

Verifican autenticidad de los videos

El fiscal explicó que uno de los principales desafíos consiste en determinar si las imágenes corresponden a hechos reales, cuándo ocurrieron y si fueron grabadas en territorio costarricense.

Esto se debe a que algunas publicaciones muestran acontecimientos registrados años atrás o incluso en otros países.

También señaló que los comentarios realizados por usuarios de redes sociales pueden aportar pistas sobre la identidad de los involucrados o el lugar donde sucedieron los hechos, aunque esa información debe verificarse.

“Muchos de estos videos no muestran muchos datos que son necesarios para que nosotros podamos formular una acusación en contra de una persona”, manifestó.

Por esa razón, las investigaciones suelen complementarse con entrevistas a testigos, inspecciones, decomisos y otras diligencias que permitan establecer las circunstancias del supuesto delito.

Cámaras de seguridad son fundamentales

Arguedas también destacó la importancia de las cámaras instaladas en viviendas, comercios, vehículos y espacios públicos, debido a que sus grabaciones permiten reconstruir acontecimientos que podrían resultar difíciles de esclarecer únicamente mediante testimonios.

No obstante, advirtió que algunos sistemas eliminan automáticamente las grabaciones después de 24 o 72 horas, lo que representa un riesgo para las investigaciones cuando las autoridades no reciben el material oportunamente.

“En la medida en la que estos videos se pongan en conocimiento de la autoridad lo antes posible, es más factible concluir una investigación de manera exitosa”, afirmó.

Ante esta situación, recomendó a quienes tengan grabaciones de posibles delitos conservar una copia y entregarla cuanto antes al Ministerio Público o al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El material puede respaldarse en dispositivos de almacenamiento para que las autoridades lo incorporen al expediente, siguiendo los procedimientos de recepción, embalaje y cadena de custodia.

Finalmente, el fiscal insistió en que publicar una grabación en redes sociales no sustituye su presentación ante las autoridades judiciales.

También recomendó priorizar la seguridad personal al momento de registrar incidentes violentos, pues utilizar un teléfono para grabar durante una confrontación podría aumentar la tensión y provocar nuevas agresiones.

Las autoridades recordaron que los videos pueden ser valorados por los jueces junto con otros elementos probatorios para determinar la responsabilidad penal de una persona, siempre bajo las garantías del debido proceso.