Video: Sancarleños desmienten a Gobierno sobre Ruta 35

Según denuncian, aún no arrancan obras formales. No se han iniciado movimientos de tierra.

Las agujas y catéteres son el principal producto de exportación.

A pesar de que el Gobierno anunció con bombos y platillos el arranque de obras de la Punta Sur de la Ruta Nacional N.º 35, la Asociación Pro Nueva Construcción Carretera Naranjo–San Carlos comprobó que no hay trabajos en la zona.

El pasado miércoles 25 de junio, integrantes de la Asociación realizaron una gira de verificación en campo sobre el estado actual de las obras a cargo de la empresa Constructora MECO.

Allí, documentaron que los únicos trabajos visibles hasta la fecha corresponden a estudios de suelo en varios puntos cercanos a Sifón.

Según denuncian, no se han iniciado movimientos de tierra, ni apertura de trocha sobre el trazado final de la obra.

Por otra parte, acusan que los diseños constructivos aún no han sido aprobados.

Los estudios que actualmente realiza la empresa podrían permitir definir ángulos y medidas exactas de los 8 kilómetros que comprende este tramo, lo cual forma parte del proceso de preingeniería técnica necesaria para validar los diseños ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

“Es positivo que se avance con los estudios previos, pero es nuestro deber aclarar que esta no es aún la etapa constructiva del proyecto. Como Asociación, hemos grabado las pruebas que demuestran que no se ha abierto trocha ni iniciado obra física, y ponemos a disposición este material para quien desee confirmarlo”, según la Asociación.

Según los estudios del Poder Judicial, 85 propiedades ya cuentan con sentencia dictada y entrada en posesión efectiva, lo que permite su disponibilidad total para construcción.

79 expedientes se mantienen en trámite judicial, en fase de demanda o conclusiva, bajo seguimiento del Estado a través de la Procuraduría General de la República, 14 casos enfrentan pendientes administrativos o judiciales que impiden al Estado tomar posesión.

Entre las principales causas se encuentran depósitos de avalúo no realizados, notificaciones sin resultado y resoluciones judiciales aún pendientes.