La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, se pronunció tras su detención de la semana anterior, en medio de la investigación del Caso Barrenador.
“Esto no hay palabras. Vale la pena que me lleven en perrera, no me importa”, aseguró la jerarca en un mensaje dirigido a simpatizantes del Gobierno.
Estas declaraciones se dieron cuando un grupo de personas se acercaron a compartir unas palabras con Esquivel, en medio de un movimiento organizado en apoyo al Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, de esta mañana.
A la espera de medidas cautelares
Esto se da un día después de que Esquivel retomara sus funciones.
Tras la finalización de la audiencia de medidas cautelares solicitada por la Fiscalía General, en medio de la causa que sigue el Caso Barrenador.
La audiencia judicial culminó el pasado lunes y el juez de Hacienda dará el veredicto por escrito.
Cada imputado recibirá la sentencia en el medio indicado. Sin embargo, el juez no indicó el plazo en que resolverá el caso judicial.
“El juez indicó, sobre la suspensión del cargo que había solicitado la Fiscalía, que mientras él no emitiera una resolución todas estas personas no tenían impedimento en seguir en el cargo, repito, hasta que el resolviera la gestión”, señaló el abogado defensor, Rodrigo Araya.
¿De qué trata el Caso Barrenador?
Marta Esquivel a su salida de los Tribunales de GoicoecheaEl 23 de setiembre, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) realizó 28 allanamientos, ante la denuncia de contratos con un sobreprecio de 12.400 millones de colones para la administración de Ebais, por parte de cinco cooperativas.
Se realizaron 8 detenciones, de integrantes de la Junta Directiva de la Caja, incluyendo a la presidenta de la institución, Marta Esquivel.
En el caso judicial, la Fiscalía investiga los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
También señala una presunta presión por parte de los directivos de la Caja para ceder la adjudicación a las cooperativas beneficiadas.
Sobre los contratos, la Contraloría General de la República (CGR), confirmó que 9 de estos ya se encontraban en firme, contraria a la versión del Gobierno.
Esquivel y los 7 funcionarios fueron puestos en libertad, el pasado 24 de setiembre, pero con una investigación abierta por parte de la Fiscalía y a la espera que se dicten las medidas cautelares, entre ellas, el cese del puesto por seis meses.
