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Durante el 2024, personas afectadas por actos delictivos obtuvieron un total de ¢1.787 millones como retribución por los perjuicios sufridos.
De ese monto, ¢1.741 millones corresponden a casos penales, mientras que ¢45,8 millones provienen de gestiones realizadas por la Unidad de Ejecución de Sentencia Civil, según datos de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas de Delito.
La mayoría de los expedientes tramitados este año están vinculados con lesiones culposas, ataques con armas y homicidios imprudentes. Según la institución, la mayor parte del dinero fue recuperada mediante conciliaciones (¢1.598 millones), mientras que los acuerdos extrajudiciales representaron ¢53,4 millones.
La fiscala adjunta Ana Daisy Quirós señaló que, aunque las personas afectadas reciben una indemnización económica, el objetivo principal es ofrecer una reparación integral tras el daño sufrido.
También destacó la importancia de brindar acompañamiento a lo largo del proceso judicial, incluso después de concluida la etapa penal.
Esta dependencia del Ministerio Público representa a quienes fueron víctimas o resultaron afectadas por delitos y que delegan en la Fiscalía la acción civil para reclamar los daños ocasionados por el acusado.
Indemnización de la víctima
• ¿Cómo se solicita el servicio?
Las personas pueden manifestarlo ante la Fiscalía donde se tramita la causa penal.
• ¿Qué se necesita?
La víctima debe aportar la prueba que demuestre los daños, para que la jueza o el juez resuelva su petición mediante una sentencia.