El primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, ve con buenos ojos comparecer ante los diputados para explicar la cuestionada póliza que blindaría a funcionarios del Gobierno.
Se trata de la licitación de una póliza entre el Ejecutivo y el Instituto Nacional de Seguros (INS).
La audiencia se realizará en la Comisión de Ingreso y Gasto Público en la Asamblea Legislativa.
Esto luego de que la diputada de Liberación Nacional (PLN), Monserrat Ruiz, presentara una moción de citatoria, el pasado martes.
“Agradezco a los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público por convocar a esta audiencia. Una oportunidad valiosa para aclarar todas las inquietudes sobre el tema de las pólizas. Este espacio es importante para explicar por qué los funcionarios, no solo los funcionarios del Poder Ejecutivo, deberían contar con una defensa legal en el ejercicio ético de sus funciones”, señaló el vicepresidente.
Brunner argumentó que los diputados cuentan con una inmunidad a diferencia de funcionarios del Gobierno.
“A diferencia de los legisladores, algunos jerarcas no cuentan con inmunidad, lo que los obliga a asumir, personalmente, los costos de defensa ante cada denuncia, sin importar si es infundada o no”.
“Nuestro objetivo es una rendición de cuentas transparente, constructiva, donde se pueda hablar con franqueza y claridad”, agregó.
Los congresistas también citaron al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para referirse al mismo tema.
Ministro de Hacienda, Nogui Acosta. Foto: Archivo.Lea más: Presentan moción para que Nogui Acosta rinda cuentas por polémica póliza
¿De qué trata la póliza?
El contrato es para una póliza de responsabilidad civil que cubre al presidente de la República, a los dos vicepresidentes y tanto a todos los ministros como viceministros del Gabinete.
Una póliza por responsabilidad civil es aquella que se paga para indemnizar posibles errores o faltas que se cometan en el ejercicio profesional.
También protege al funcionario en caso de que se declare responsable por haber causado daños a un tercero, ya sea a la persona o a sus bienes. La póliza tendría vigencia por un año contado a partir de la firma del contrato, pero podría ser prorrogable por tres años más.
Otro punto es que el cartel sería por “procedimiento por excepción”. Hacienda presupuesta pagar como prima por este servicio hasta ¢248 millones.
¿Qué incluye la póliza?
- Gastos y costas legales de defensa.
- Costos y gastos de emergencia.
- Cobertura para jerarcas retirados: en caso de retiro de algún funcionario (por pensión o cambio de puesto) este estará cubierto siempre y cuando el reclamo sea sobre actuaciones ejercidas durante el período que ocupó en el puesto y se encuentre vigente la póliza. De igual forma, un nuevo funcionario automáticamente estaría cubierto por la póliza, dado que se encontrará desempeñando el puesto cubierto por esta misma.
- Costos para fianzas.
- Costos para atención de crisis.
- Gastos para relaciones públicas.
- Gastos para proteger la reputación de los asegurados.
- Costos por procesos de extradición.
- Costos de enjuiciamiento, multas y sanciones civiles.
- Costos para salud y seguridad ocupacional.
- Privación o confiscación de activos.
- Costos de preinvestigación.
- Violaciones ambientales.
- Audiencia derivada de una investigación.
- Administradores no ejecutivos.
